Ante un conflicto entre la voluntad de la madre y el interés superior del niño, este último debe primar, particularmente si atenta contra la garantía consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
No se acreditó una situación de riesgo concreto a la salud del hijo con la pandemia, por lo que el impedimento del régimen comunicacional es un incumplimiento imputable a la madre.
El fallo define el interés superior del niño como el conjunto de elementos necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial.
La sentencia impugnada cuestionó los deseos expresados por la niña, sin respetar el derecho a ser oída y el principio de autonomía progresiva, transgrediendo la Convención de los Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente.
El interés superior del niño, como principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Los lazos afectivos no solo nacen del parentesco, sino que surgen, se conforman, se construyen y retroalimentan entre gente que se elige para ser familia. El concepto amplio de familia no se emparenta entonces sólo con la procedencia sanguínea. La verdad biológica no es un dato absoluto cuando se lo relaciona con el interés superior del niño.
En aplicación del interés superior de la niña, el niño o el adolescente, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de estos frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
La norma contempla este beneficio para las madres de niños menores de cinco años que hayan sido condenadas, cuya aplicación no excluye a los padres, en tanto se encuentre comprometido el interés superior del niño.
Los Estados tienen la obligación de situar el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y desarrollo.
