Resultaba procedente que se comunicaran los cargos al curador ad-litem designado, y luego de ello se discutieran eventualmente medidas cautelares o una internación provisional, lo que no ocurrió.
Lo anterior, sin perjuicio de que las resoluciones judiciales gozan de imperio, de manera que es resorte y responsabilidad del tribunal a quo disponer las medidas de apremio pertinentes tendientes al pronto cumplimiento del informe psiquiátrico que ya fue ordenado.
Además, el amparado no recurrió de apelación en contra de la resolución que en sede de amparo impugna con el objeto no confesado de conseguir una instancia ante la Corte Suprema.
El juez de garantía, al haber decretado la medida de seguridad, excedió sus facultades legales.
