Aunque se reconoció la adopción de medidas por parte del municipio tendientes a mitigar la crisis hídrica que afecta a la localidad, estas son insuficientes, configurándose de esa manera un comportamiento omisivo de la entidad edilicia, que vulnera los derechos fundamentales de los protegidos.
Los habitantes acusan que no tienen acceso de manera permanente y constante a agua segura, por lo que deben recurrir a camiones que reparten agua no apta para el consumo humano.
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