El Estado fue condenado a pagar una indemnización pecuniaria por el actuar doloso y negligente mostrado durante la emergencia ocurrida en aguas del Mar Mediterráneo.
Retardo en la administración de más de un año en tal trámite infringe el artículo 27 de la Ley N°19.880 y vulnera la seguridad individual del amparado.
Mediante la resolución, el Tribunal detuvo la decisión impulsada por el gobierno británico, quien pretendía enviar a los migrantes hacia la nación africana.
Con ello se amplía la participación política de los extranjeros que se han avecindado y se han hecho partícipes de la nación chilena.
La presidenta del CPLT llamó a redoblar esfuerzos para chequear fuentes de información que se viralizan en redes sociales sobre la situación migratoria para evitar desinformación maliciosa y de carácter xenófoba.
La Comisión urge al Estado a que en la adopción de sus políticas migratorias, leyes y medidas de gestión de fronteras se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección.
En Chile, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la cifra estimada de inmigrantes al 31 de diciembre de 2019, era de 1.492.522 personas, de los cuales 455.494 serían venezolanos, ocupando el primer lugar; seguido de personas provenientes de Perú con 235.165; y de ciudadanos haitianos con 185.805.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad policial migratoria al no permitir el ingreso al país de la amparada, quien cuenta con visa de trabajo, cuya vigencia caducó debido a la emergencia sanitaria que le impidió viajar dentro de plazo.
