El pago de la garantía estatal exige que la entidad financiera inicie las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito, lo que se contrapone a los efectos procesales del desistimiento ejercido por la actora.

Lo mismo ocurre con la revisión de los hechos asentados en el fallo impugnado.

Al acreditarse que el precio aludido en la cesión de derechos hereditarios no fue solucionado, necesariamente había de arribarse a la conclusión que la compraventa que allí se pretendía hacer aparecer era fingida.

La Notario Suplente no observó las normas correspondientes, verificándose una discriminación ilegal y arbitraria respecto del recurrido.

El tribunal de alzada no explicitó de forma clara y congruente la ponderación y el análisis de los antecedentes médicos del vendedor, donde consta que sufría de alteraciones cognitivas.