Establece una desviación de los fines de la pena, carece de proporcionalidad y afecta el principio de igualdad.
La iniciativa tiene por objeto agravar las penas de los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Los incumplimientos atribuidos a la sentenciada no resultan graves, particularmente en atención a las circunstancias del caso, y al fin de la Ley 18.216, esto es, evitar la contaminación criminógena.
El artículo 4º de la Ley 18.216 conmina al juridiscente a no tener presente las condenas por crimen o simple delito ya cumplidas, respecticamente, hace diez o cinco años antes de la comisión del nuevo delito.
El fallo señala que se considerarán quebrantados los beneficios si durante su cumplimiento el condenado cometiere nuevo crimen o simple delito y fuere condenado por sentencia firme.
No se infringen los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, ni el principio de proporcionalidad atendido el bien jurídico cautelado por ese ilícito.
La Segunda Sala señala que ha logrado formarse convicción de concurrir, en la especia, las causales de inadmisibilidad previstas en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC.
