Quedará exento de responsabilidad, es decir, sin sanción, el abogado defensor de quien tuviere en su poder los elementos y que no denuncie el hecho.
20 de noviembre de 2023
Presos
Sobre la ley que sanciona a los presos que tengan teléfonos celulares u otros elementos tecnológicos para comunicarse.
12 de noviembre de 2023
El preso que tenga en su poder esos elementos para la comunicación con el exterior sin estar legal o reglamentariamente autorizado, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Dicha pena va de 61 días a tres años de presidio.
Ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán y enmienda que otorga arresto domiciliario a reos mayores de 75 años: “Debería excluir a personas que hayan cometido delitos como lesa humanidad o genocidio”
29 de julio de 2023
Actualmente, tanto una enmienda –presentada por Republicanos– como una Iniciativa Popular de Norma, permitirían el arresto domiciliario a presos que superen los 75 años. Algunos de los beneficiados serían reos que han sido condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Entre ellos, aparece Miguel Krassnoff, brigadier que fue condenado por 900 años debido a delitos de homicidio, secuestro, violación a los derechos humanos, entre otros.
La patria potestad no puede ser suspendida aunque el padre se encuentre privado de libertad.
20 de julio de 2022
Deben existir antecedentes de violencia doméstica para justificar la suspensión de este derecho, ya que la mera privación de libertad de uno de los progenitores no basta por si sola.
"En una operación especial de inteligencia", con la toxina botulímica.
Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército y un exfuncionario de Gendarmería por su responsabilidad en dos delitos consumados de homicidio y cinco homicidios frustrados de presos de la otrora Cárcel Pública, quienes fueron envenenados.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, con declaración que los miembros del Ejército en retiro Eduardo Adolfo Arriagada Rheren, Sergio Rosende Ollarzú, Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo quedan condenados a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios calificados y consumados.
1 de febrero de 2021
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