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Martes 14 de Mayo de 2024

Prueba licita

Uso de detective privado para acreditar que una trabajadora con licencia médica realiza actividades incompatibles con su condición médica, se ajusta a derecho.

La prueba de detective, por el hecho de no probar el empresario, sospechas fundadas que le llevan a su contratación, no incurre en infracción alguna, ni de la ley de seguridad privada ni de ningún derecho fundamental de la trabajadora. Su legitimidad viene dada por su condición de empresario o por ser el demandado en un pleito, al concurrir en tales casos el interés legítimo que exige la ley de seguridad privada.

6 de octubre de 2023

Son prueba licita los videos contenidos en una tarjeta de memoria que muestran a un famoso rapero utilizando armas de fuego.

25 de julio de 2023
Lejos de demostrar cualquier intento de mantener los videos como archivo privado, el demandado llevó a cabo un "acto afirmativo" al dar permiso a un tercero para grabarlo en video y conservar las grabaciones. De hecho, buscó a un camarógrafo con el fin de grabar en video su vida cotidiana para promocionarse a sí mismo y a su música. Él “asumió el riesgo” de que el tercero que creaba las grabaciones pudiera divulgarlas.

Es lícita la prueba recabada en un control policial que acreditó el estado de ebriedad de un conductor, a pesar de que su detención fue arbitraria.

29 de marzo de 2023
La evidencia obtenida de la detención policial ilegal no debería haber sido excluida. La policía actuó sin autoridad estatutaria al efectuar la detención, pero dada la inseguridad jurídica que existía en el momento de la detención aleatoria por sobriedad, la infracción no fue tan grave como para requerir que el Tribunal se desvincule de las acciones policiales.

Es lícita la videograbación que acreditó el robo cometido por una empleada doméstica, pues existían sospechas fundadas que solo podían probarse mediante la instalación de cámaras ad hoc.

31 de agosto de 2022
Si bien no se puede aceptar que la mínima sospecha de robos cometidos por los empleados pueda justificar la instalación de un sistema de video vigilancia encubierto, en casos concretos la existencia de sospechas razonables de que se han cometido graves irregularidades convierte este medio en prueba lícita.