El Tribunal concluyó que, para determinar la sanción, la SMA no fundamentó debidamente la ponderación de las circunstancias asociadas a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, y la capacidad económica del infractor (Artículos 40 letras a), b) y c) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente).

Judicatura especializada determinó que la Superintendencia del Medio Ambiente no fundamentó debidamente la configuración de la infracción imputada y sancionada.

Luego de analizar los antecedentes del caso, el Tribunal concluyó que la autorización de la Seremi de Salud, mediante la cual se autorizó a Geobarra para disponer residuos peligrosos, no tienen un correlato en los hechos, pues la empresa se dedica a la gestión de residuos y no realiza actividades de disposición final y/o eliminación de dichos residuos.

“De los antecedentes del procedimiento administrativo no puede estimarse en modo alguno que la demolición de instalaciones periodísticas, con la posterior excavación y socalzado de muros satisfaga necesidades básicas de la comunidad, así como tampoco que exista la desigual distribución de las cargas y/o beneficios ambientales invocada por las reclamantes”, razona la sentencia.

La medida fue autorizada por el ministro de turno, Cristián Delpiano, y se extenderá por un plazo de 30 días corridos desde su notificación a la empresa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Durante 2020 ingresó un total de 53 causas, desglosadas en 46 reclamaciones contra actos de la Administración y 7 demandas por daño ambiental. En 2019, ingresaron 37 causas.

El Tribunal determinó que la resolución sancionatoria de la SMA no se encuentra debidamente motivada respecto de los elementos que configurarían el fraccionamiento del proyecto inmobiliario, específicamente en lo que se refiere a la unidad de proyecto y la intencionalidad, “ilegalidad que solo puede ser corregida mediante la nulidad de la Resolución Exenta N° 775/2018”.

Abordarán los temas: Constitución y medio ambiente, cambio climático, pueblos originarios, salud y medio ambiente, principios medio ambientales, y experiencias jurisdiccionales.

En su análisis, el Tribunal determinó que el predio en cuestión está emplazado en un terreno que geográficamente ha sido una isla, y que, por lo tanto, de conformidad con el Decreto Supremo Nº2.734 de 1981 se sitúa dentro de los límites del Santuario.

La sentencia desestimó las alegaciones relacionadas con temas procedimentales y también aquellas referidas a posibles impactos ambientales del proyecto, específicamente asociados a emisiones atmosféricas, contaminación térmica, componentes suelo, agua y paisaje, y la alteración significativa de los sistemas de vida y zonas con valor arqueológico