El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta generadora de energía eléctrica a través de biomasa, con una capacidad instalada de 2,9 MW. Considera como combustible para su funcionamiento, cascarilla de arroz, paja y en caso alternativo biomasa forestal no tratada con un funcionamiento previsto de 8.200 horas al año.

Proyecto emplazado en una superficie superior a 7 hectáreas, que contempla más de 300 viviendas.

La sentencia rechazó cada una de las alegaciones de los reclamantes asociadas a un eventual emplazamiento de dicho humedal fuera del límite urbano; la proporcionalidad de la declaratoria; la debida fundamentación de la resolución que declaró el humedal; la posible vulneración al derecho de propiedad; y una eventual infracción al artículo 8, número III, literal b) del Reglamento de Humedales Urbanos.

Los ministros analizaron aquellas alegaciones asociadas a la generación de lodos, concluyendo que durante la evaluación ambiental se logró acreditar que el proyecto no generará un riesgo para la salud de la población por la generación y disposición de los lodos, cumpliendo con la normativa aplicable.

La sentencia concluye que la SMA incurrió en ilegalidad al rechazar el programa de cumplimiento (PdC) presentado por Andacollo de Inversiones Ltda., titular de la planta, al basar esta decisión en la improcedencia de la reformulación de cargos y la imposibilidad de presentar dicho programa en los casos en que se imputa la generación de daño ambiental.

“Por la naturaleza, temporalidad y extensión de los hechos que se sancionarán, se requiere de una acción inmediata y efectiva que permita proteger el medio ambiente y evitar el riesgo inminente a la salud de las personas, este Tribunal estará por otorgar la autorización a la aplicación de la sanción propuesta por la SMA”, dice la resolución del Tribunal.

La Municipalidad de Santiago solicita al Tribunal que acoja la reclamación, dejando sin efecto la decisión del SEA, para que el Comité de Ministros y el Director Ejecutivo del SEA, revisen su recurso administrativo y se pronuncien respecto de las alegaciones de fondo que realizó en contra del proyecto de Metro.

“Hemos sido testigos de una tremenda revolución institucional sobre la materia, que nos hizo transitar desde un escenario de leyes sectoriales fragmentarias o dispersas, a una institucionalidad ambiental con leyes y reglamentación precisa, y recubierta por la presencia de organismos administrativos y jurisdiccionales altamente especializados”, afirmó el Ministro Presidente de la Corte Suprema.

Los reclamantes, un grupo de vecinos de Constitución, recurrieron al Tribunal luego que el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental rechazara el recurso administrativo que habían interpuesto contra la resolución que calificó favorablemente el proyecto, pues no se habrían considerado debidamente sus observaciones ciudadanas.

La modificación de la medida cautelar referida a la presentación al Ministerio del Medio Ambiente de una propuesta de Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (“Plan RECOGE”) de la especie gato andino fue solicitada por la empresa, ya que, según su opinión, sería imposible de realizar.