Ambas personalidades del mundo político se dieron cita en la escuela de Derecho de la Universidad de Las Américas, para comentar los resultados del instrumento elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de dicha casa de estudios, destacando -entre otros aspectos- la alta valoración de la democracia entre la población mayor, así como un alarmante desprestigio de dicho sistema entre los más jóvenes.
Estos cambios surgen en un contexto marcado por un aumento de la violencia en Ecuador, que ha provocado la muerte de numerosos funcionarios públicos a manos de criminales, incluyendo a un candidato presidencial. La declaración por parte del Presidente Noboa de un «conflicto armado interno» en el país subraya la gravedad de la situación.
Tras múltiples denuncias recibidas de actividades de índole sexual, consumo de estupefacientes y personas deambulando desnudas o defecando en veredas y otros espacios públicos en distintas zonas del país, el órgano contralor solicitó a una serie de instituciones públicas que informen sobre las medidas adoptadas para prevenir, evitar y sancionarlas, a fin de resguardar la seguridad, salubridad y salud públicas.
La Ley crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un organismo rector de la ciberseguridad del país encargado de regular, fiscalizar y sancionar a todos los organismos públicos y privados que presten servicios esenciales.
Permitirá regular la industria de la seguridad privada con nuevos criterios y requisitos para fortalecer su rol coadyuvante y complementario a la seguridad pública.
Esto luego que la comisión especializada diera su respaldo a la moción que apunta a regular la forma y circunstancia en que los uniformados –en tiempos de paz- deben resguardar la seguridad y orden empleando sus armas.
Según el gobierno, es necesaria para proteger a la sociedad de individuos que han demostrado ser peligrosos y que podrían seguir representando un riesgo incluso después de cumplir su tiempo en prisión. La decisión de aplicarla seguirá siendo discrecional y estará sujeta a la aprobación del Ministro del Interior.
A nivel regional, entre los años 2021 y 2023, la región Metropolitana encabeza un total de 58 defunciones por ese motivo, seguida de la región del Biobío. No obstante, la región de Tarapacá es la que tiene mayor tasa con respecto a su población (por cada 100.000 habitantes), cuya comuna más afectada corresponde a la de Iquique.
El aumento de homicidios no es homogéneo a nivel regional, existiendo diferencias enormes entre la que cuenta con una tasa más alta (Arica y Parinacota) y la más baja (Magallanes), dando cuenta de una tendencia a que las más altas se concentren en el extremo norte y, en cambio, las más bajas, en el extremo sur.
En el marco de la votación del proyecto que fija, entre otros temas, las labores de los inspectores, la Comisión de Gobierno Interior respaldó la propuesta de prohibir realizar actos propios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Las preguntas buscan abordar el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad, imponer castigos más fuertes al crimen organizado y fomentar empleo.
