El aumento de homicidios no es homogéneo a nivel regional, existiendo diferencias enormes entre la que cuenta con una tasa más alta (Arica y Parinacota) y la más baja (Magallanes), dando cuenta de una tendencia a que las más altas se concentren en el extremo norte y, en cambio, las más bajas, en el extremo sur.

En el marco de la votación del proyecto que fija, entre otros temas, las labores de los inspectores, la Comisión de Gobierno Interior respaldó la propuesta de prohibir realizar actos propios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las preguntas buscan abordar el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad, imponer castigos más fuertes al crimen organizado y fomentar empleo.

La migración irregular disminuyó un 23%; se concretaron 920 expulsiones de personas de nacionalidad extranjera y 14 mausoleos narco fueron demolidos para recuperar los espacios públicos.

El objeto de la ley es hacerse cargo del incremento sostenido de la población que ingresa a los establecimientos penitenciarios, ya sea para cumplir la medida de prisión preventiva o una condena penal y, a la vez, dar solución al hacinamiento y la falta de plazas disponibles en los recintos penales.

Conocida como ley de cámaras corporales, se espera que entregue más seguridad a las policías al permitir contar con un registro de los procedimientos policiales.

La iniciativa tiene por objeto aumentar la eficacia de la actuación policial y de los fiscales, a fin de asegurar la mejor prueba posible. A su juicio del Tribunal, solo la oración “previa orden de destrucción emanada del Ministerio Público” reviste naturaleza propia de ley orgánica constitucional, y se ajusta a la Constitución en el entendido que se precisa en el fallo.

Al ingresar a la institución se comprometió a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se le encomienden según las necesidades del servicio, lo cual, no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y del sistema disciplinado de la institución.

La iniciativa busca facilitar el acceso al sistema de justicia a personas afectadas por la delincuencia a través del mejoramiento en la entrega de información y orientación en materias de derecho, asesoría y representación jurídica, entre otras medidas.

PDI obtuvo la mejor nota de evaluación en materia de seguridad pública, a diferencia del Congreso que fue el peor evaluado por los entrevistados.