Singapur aprobó una controvertida ley que permite la detención indefinida de «delincuentes peligrosos» incluso después de que hayan cumplido sus sentencias de prisión. Bajo la Ley de Sentencias de Protección Pública Reforzada (SEPP), las personas condenadas por delitos graves, como homicidio involuntario, intento de asesinato y delitos sexuales serios, podrían ser retenidas más allá de sus sentencias si se considera que aún representan una amenaza para la sociedad.
Los defensores de la ley, incluido el Ministro de Derecho y Asuntos Interiores, argumentaron que esta medida es necesaria para proteger a la sociedad de individuos que han demostrado ser peligrosos y que podrían seguir representando un riesgo incluso después de cumplir su tiempo en prisión. El ministro subrayó que la decisión de aplicar la SEPP seguirá siendo discrecional y estará sujeta a la aprobación del Ministro del Interior.
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Sin embargo, esta ley ha generado críticas y preocupaciones por parte de algunos expertos y legisladores. Se cuestiona la efectividad de evaluar el potencial de rehabilitación de los delincuentes en un entorno institucionalizado, lo que plantea dudas sobre si esta medida es la más adecuada para garantizar la seguridad pública. Además, existe preocupación por el riesgo de que se produzcan detenciones injustas o excesivas, lo que podría socavar los derechos individuales de aquellos considerados «delincuentes peligrosos».
El ministro sería asesorado por un panel de revisión compuesto por una variedad de expertos legales y profesionales de la salud mental antes de tomar una decisión. Según la legislación, el delincuente y su equipo legal tienen derecho a presentar un recurso para pedir su liberación de la custodia. Si se determina que una persona no es apta para ser puesta en libertad, su caso se revisará anualmente. Se espera que menos de 30 delincuentes por año se vean afectados por la ley.
La legislación fue aprobada con un apoyo bipartidista sustancial, aunque algunos pidieron precaución ante el riesgo de que se pudiera abusar de la ley. Algunos estiman que sería difícil determinar plenamente quién podría representar un riesgo y han advertido sobre «detener excesivamente a alguien basándose en una predicción errónea de peligrosidad».