Los allanamientos y detenciones realizadas tuvieron lugar en el marco de la investigación de un atraco a una vagoneta que transportaba valores en La Paz, Bolivia, en el año 2001.
En un segundo juicio, el tribunal desestimó la existencia de torturas, aunque condenó por apremios ilegítimos. El abogado defensor, indicó que “no renunciamos a ejercer ningún recurso (…) y hasta llevar el caso a la justicia internacional si fuera necesario”.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia de primer grado que acogió la acción.
El ministro Cancino procesó a Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Bertalino Segundo Castillo Soto y Sergio Hevia Febres, en calidad de autores de los delitos cometidos cuando la víctima Catalán Moncada, solo tenía 16 años de edad y cursaba primero medio en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso.
Constituye una ley penal en blanco propia que no satisface el estándar constitucional al no describir el núcleo esencial de la conducta. Vulnera lo dispuesto en los incisos 8° y 9° del artículo 19 N°3 de la Constitución, infringiendo el principio de reserva legal (lex scripta) y de tipicidad (lex certa).
La Corte advirtió la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los referidos hechos.
Decisión adoptada con la prevención de la magistrada Guerrero Rosen, quien concurriendo a la condena por el delito previsto en el artículo 150 A del Código Penal, estuvo por imponer a los sentenciados penas de 7 años, seis meses y un día de presidio.
Los argumentos del Juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial se acomodan al canon constitucional de la atipicidad de las conductas denuncias, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de Amnistía.
Eduardo Patricio Millán Manríquez, profesor de física detenido y sometido a torturas en recintos de la Armada, en 1975.
El máximo Tribunal estableció que no corresponder acoger la excepción de pago por las indemnizaciones concedidas por la Comisión de Prisión Política y Tortura, las que tienen un carácter asistencial que no privan a las víctimas del derecho a instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido.
