La imputada fue sorprendida por Carabineros vendiendo papelillos de pasta base en un sector de la ciudad Chillán conocido por el tráfico de estupefacientes, e intentó revertir la condena al sostener que fue castigada por realizar un acto neutro consistente en la entrega de dos papeles cuadriculados a terceros, argumento desestimado por el máximo Tribunal que respaldó la labor policial.

La recurrente fue detenida totalmente ebria, mientras causaba desórdenes en la vía pública. Mientras estaba en la comisaría para completar el procedimiento respectivo de la Ley de Alcoholes, personal policial registró su cartera y encontró 132 gramos de marihuana, poniendo a la encartada a disposición de la justicia por el delito contemplado en el artículo 4º de la Ley Nº20.000.

El acusado intentó anular la condena al sostener que no se tuvo presente el examen de pureza de la cannabis incautada -que fue encontrada al interior de un recinto penal-, argumento que fue desechado por la magistratura al estimar que dicho examen sirve para diferenciar si el encartado es consumidor o traficante, defensa que no se invocó en la especie.

El requerido había sido juzgado por su presunta participación en un delito de tráfico de droga agravado y fue absuelto en el año 2014. Con posterioridad, dicha sentencia fue anulada, no obstante, la acción penal prescribió, por lo que se negó su extradición al no cumplir la solicitud con el requisito establecido en la letra b) del artículo 449 del Código Procesal Penal.

Pudiendo recurrir de apelación contra la resolución, la defensa no lo ha hecho, siendo aquel debate el ámbito procesal en que estos sentenciadores estarían facultados para realizar una ponderación de las particulares circunstancias personales de cada uno de los amparados, como pretende la recurrente.

El recurrente intentó anular la condena alegando que el acto observado por los agentes policiales era neutro, y no podía desprenderse de aquel la comisión de un delito, argumento desechado por el máximo Tribunal luego de observar que la entrega de un “papelillo” a cambio de una suma de dinero, y la posterior huida del acusado al notar la presencia de Carabineros, son indicios habilitantes para controlar la identidad del encartado.

Proceder policial se enmarcó en un requerimiento expreso de la víctima en orden a ser acompañada por los miembros de la patrulla de Carabineros hasta el interior de la propiedad para retirar sus efectos personales, diligencia para la cual no era necesario autorización alguna.

La imputada intentó anular el fallo, argumentando que los agentes encubiertos de la policía la indujeron a cometer ilícitos, excediendo las facultades de los artículos 25 y 26 de la Ley Nº20.000, hecho que fue descartado por la Corte al sostener que dicha imputación sólo ataca a su relación con los funcionarios, y no a la conducta profesional dentro de la investigación de los agentes, la que fue intachable y conforme a derecho.

El acusado intentó anular el juicio, argumentando ser sometido a un control vehicular por el mero hecho de conducir un automóvil con vidrios polarizados, no obstante, el tribunal indicó que el indicio habilitante de la actuación policial fue la huida desesperada de los ocupantes del móvil al notar la presencia policial, quienes incautaron al recurrente 106 papelillos de pasta base, así como dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Si al impugnante no le gustó la manera en que se decidió y razonó por los jueces para desestimar su alegación, tal es un asunto diverso a que la explicación y fundamentación sea ilógica y atente contra el principio de la razón suficiente.