Para el presidente de la Corte de Apelaciones, “las personas que están privadas de libertad, están efectivamente, o por decisión de un juez de garantía, mientras se resuelve su situación, o  están condenadas a esa pena de presa de libertad, pero no a otras penas, no están condenados a no poder hacer escrituras, a no poder firmar documentos, a no poder hacer lo que estimen conveniente con sus bienes, con su vida privada, en la medida que no sea contra la ley”.