Un amplio debate generó en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de reforma constitucional que propone modificar el artículo 9 de la Constitución, para establecer que el tráfico ilícito de substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas y el aprovechamiento de bienes provenientes de él, es por esencia contrario a los derechos humanos y atenta contra la sociedad, la familia y la persona humana, y que extiende las inhabilidades que el inciso segundo de la precitada disposición constitucional establece a quienes se declare responsables de esos ilícitos.
La Senadora Soledad Alvear señaló que este tema ya había sido discutido con anterioridad y recordó la opinión de constitucionalistas relativas a que “no se deben empezar a constitucionalizar los delitos y que eso debe quedar en una ley pues la Constitución debe establecer los principios fundamentales».
Por su parte, Senador Alberto Espina estimó como “fundamental” que en “la Constitución se establezca con claridad que tal como el terrorismo es un delito que atenta contra los Derechos Humanos, el tráfico de drogas es un grave delito contra la familia, contra la sociedad y en contra de la persona humana».
Cabe recordar que el proyecto en cuestión, fue presentado a trámite legislativo en el mes de julio de 2010 por los senadores Chahuán, Espina, Matthei, Orpis y Pérez, quienes observaron que el tráfico de drogas “es uno de los delitos más graves que se cometen en nuestra sociedad”, siendo “imperioso lograr la disminución del consumo de drogas a través de políticas públicas eficientes y masivas”, por lo que estimaron “imprescindible dar una lucha frontal contra los narcotraficantes”, toda vez que su delito “termina por capturar a sectores importantes de la sociedad”.