Corte Constitucional de Colombia declaró exequibilidad de Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

En el marco de un control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia declaró la exequibilidad de la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” y de la respectiva ley aprobatoria de 1° de diciembre de 2010.

Desde que se constituyó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, transcurrieron más de 25 años para que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara este instrumento internacional en la ciudad de Nueva York el 26 de diciembre de 2006, el que, sin embargo, entraría en vigor para gran parte de los Estados –incluido Chile, no sin mediar previa reserva– sólo a partir del año 2010.

La Magistratura Constitucional Colombiana –que, como es de ordinario, dio a conocer su decisión a través de un comunicado prensa– resalta en su sentencia el objeto de la aludida Convención, dirigido a que los Estados adopten medidas serias y decididas para fortalecer los mecanismos con que cuentan para enfrentar el crimen de la desaparición forzada, su gravedad, incluso hasta ser considerado en ocasiones, como de lesa humanidad, lo que explica los deberes públicos de prevenir, luchar y punir esa conducta. Como ejes axiales del Convenio, se invocan los derechos fundamentales a no ser sometido a desaparición forzada, así como los derechos de las víctimas a la justicia, a la reparación y de acceso a la información.