En días pasados, el Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Corporación de Estudios para América Latina (CIEPLAN) publicaron un Informe conjunto titulado “Propuestas de Reforma a los Partidos Políticos Chilenos”.
El informe parte de la constatación de una “preocupante caída en la adhesión y representatividad de los partidos, lo que redunda en una pérdida de legitimidad de todo el sistema político”, lo que se traduce igualmente en una creciente abstención electoral. A partir de este diagnóstico, el informe realiza una nutrida y sistemática revisión de la regulación, constitucional y legal, que atañe, de manera directa y también de forma mediata, a los partidos políticos. En particular, se revisa lo relativo al estatuto constitucional de los partidos políticos, sus normas de organización internas, el sistema electoral y el sistema de elección de los candidatos a los cargos de elección popular, el financiamiento permanente de los partidos y las normas sobre financiamiento de las campañas, y la participación política de las mujeres, entre otras materias.
En materia de regulaciones complementarias con incidencia en los partidos políticos, el informe aboga por una revisión a fondo del sistema binominal, destacando las ventajas de los sistemas proporcionales y mixtos, en cuanto a mejorar la representatividad y competencia electoral, y también tender a una mejor representación de género, aunque sin pronunciarse explícitamente por uno de ellos. Por otra parte, en materia de reelección de los parlamentarios, el informe se pronuncia a favor de limitar la reelección, distinguiendo la situación de los diputados, senadores y autoridades municipales.
En materia de financiamiento de las campañas electorales y ley de lobby, el informe propone, en primer término, otorgar un subsidio fiscal permanente a los partidos políticos. Luego, sugiere perfeccionar los mecanismos de fiscalización de los límites de gasto y las rendiciones de cuentas, elevar las sanciones en caso de incumplimiento de dichas normas, y también establecer un aporte extra en el caso de candidatas mujeres. Finalmente, propugna la regulación de las actividades de lobby y las reuniones entre autoridades públicas y grupos de interés.
Finalmente, se proponen un conjunto de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, en materia de constitución y disolución de los partidos, democracia interna, transparencia y, sobre todo, en materia de selección de candidatos y elecciones primarias. Sobre esto último, considerando el proyecto de ley en actual tramitación legislativa los centros de estudios recomendaron una “regulación que, por una parte, garantice participación en condiciones ecuánimes y que, por otra, guarde la facultad de los partidos para decidir finalmente las formas y los casos de realización de estos eventos”.