Se dedujo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, por cuanto emitió un dictamen en el cual señala que los abogados que actúan como defensores públicos licitados en el sistema procesal penal se encuentran afectos a la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley N° 20.000. Informando el libelo, el órgano contralor solicitó su rechazo, señalando que se pretende la obtención de una sentencia declarativa y se ha planteado una controversia acerca de la interpretación que debe darse al aludido artículo 61 de la Ley N° 20.000, lo cual es ajeno a la finalidad propia de esta acción. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso, mas la Corte Suprema, en alzada, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la acción. En su fallo, el máximo Tribunal distinguió entre “dictámenes constitutivos de `decisiones´, que son verdaderos actos terminales; aquellos que pueden dar lugar a actos administrativos posteriores, que constituyen actos de trámite; y por último, dictámenes que no son creadores de derecho y que tienen por objeto instruir a la Administración respecto al alcance o interpretación que debe darse a algún precepto legal, tipo de dictámenes que no cabe dentro de la definición de acto administrativo de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que la alusión habla de `dictámenes o declaraciones de juicio, actos o dictámenes de naturaleza particular, y aquellos son equivalentes a verdaderas circulares”. Declaró la Corte que el acto recurrido “instruye al Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública acerca de la interpretación del artículo 61 de la Ley N° 20.000, por lo que no constituye un acto administrativo según la definición de éste contenida en el artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en consecuencia no es recurrible por la vía del recurso de protección”, agregando que otra cosa “es la aplicación de este dictamen que pueda hacer la Defensoría Penal Pública, y si ésta a instancias de la Contraloría General o por propia decisión sanciona a los abogados que estima han incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 61 de la ley citada, actuaciones que si están revestidas de ilegalidad o arbitrariedad que vulneren las garantías constitucionales amparadas por el recurso de protección podrán ser objeto del mismo”. El Ministro señor Sergio Muñoz, en un extenso voto, previno que “no se ha cuestionado en esta vía cautelar la potestad que la Constitución y la ley orgánica respectiva entregan a la Contraloría General de la República para interpretar la ley en aquéllas materias que se relacionan con el Estatuto Administrativo y con el funcionamiento de los Servicios Públicos”, agregando que carece de lógica “…sostener que las prohibiciones establecidas en la ley para los funcionarios públicos no se aplican a quienes desempeñen igual labor en instituciones que funcionalmente colaboran en la prestación del servicio de la respectiva repartición pública”, cuestión que sí generaría una desigualdad ante la ley.
Ver el texto íntegro del fallo Rol N° 1201-2013 de la Corte Suprema.
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