La Editorial Jurídica de Chile fue creada mediante la Ley N° 8.737, publicada el 6 de febrero de 1947, y tiene por objeto realizar y publicar obras de interés para el progreso de las ciencias jurídicas y sociales, y el perfeccionamiento de la legislación nacional, particularmente mediante la elaboración de ediciones actualizadas de los textos codificados de los cuerpos legales, así como repertorios de jurisprudencia y obras doctrinarias.
El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que, tras la pérdida del financiamiento estatal original y la ampliación del giro de la Editorial, se ha gatillado un proceso de déficit financiero que ha determinado que el Consejo Directivo de la entidad acordara recientemente su disolución; decisión que fuera igualmente refrendada por oficio de la Corte Suprema de 7 de septiembre de 2012, y acuerdo del Senado remitido al Ejecutivo con fecha de 13 de marzo del año en curso.
En armonía con estas solicitudes, la iniciativa presidencial propone la disolución de la Editorial Jurídica, la cancelación de su personalidad jurídica y enumera los pasos a seguir para la liquidación y efectiva extinción de la entidad.
Para tales fines, propone designar a un liquidador, por parte del Ministerio de Justicia y visado por el Ministerio de Hacienda, que tendrá la labor de poner término efectivo a la editorial, en un proceso que tiene un duración de 18 meses, ampliable por el tiempo necesario en caso de que surjan observaciones a la cuenta del liquidador. Por otra parte, contempla también la constitución de una nueva Comisión de Códigos encargada de la labor de actualización de la Constitución Política y de los Códigos de la República, cuya Secretaría Técnica recaerá en la Biblioteca del Congreso Nacional, quedando fijado el texto oficial de dichos cuerpos normativos por decreto del Ministerio de Justicia.
A continuación, se establece igualmente que la Biblioteca del Congreso Nacional pondrá a disposición del público, de manera gratuita y en formato digital, las ediciones oficiales de la Constitución Política y de los Códigos de la República. En cuanto a las ediciones en papel, se podrá licitar la publicación y distribución de dichas obras, en un  proceso que estará a cargo del Ministerio de Justicia.
Otro de los aspectos relevantes del mensaje es reconocer la cobertura subsidiaria por parte del Estado de las deudas laborales que se deriven de la liquidación, sujeta en cualquier caso a la resolución de la Subsecretaría de Hacienda que establecerá el procedimiento especial y aprobará el informe final del liquidador.

Vea texto íntegro del boletín N° 9116-07.

 
RELACIONADOS
* Corte de Temuco rechazó acción de protección deducida en contra del Subdirector Nacional Temuco de la CONADI que no dio lugar a desafectación de tierra indígena…
*Senadores proponen que eventos que puedan producir daños arqueológicos o culturales requieran informe favorable de la CONADI…
*Director de Conadi y Subsecretario SEGPRES concurrieron a la Comisión Especial de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados…