Corte IDH declaró responsabilidad de Estado de Chile por aplicación de ley antiterrorista en caso de dirigentes mapuche.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el Estado de Chile vulneró el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia; de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual protección de la ley; el derecho de la defensa de interrogar testigos; a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; a la libertad personal; libertad de pensamiento y de expresión; los derechos políticos; y el derecho a la protección a la familia. Todos en perjuicio de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf LLaupe, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles, procesados y condenados por delitos terroristas.

Al efecto, cabe recordar que los lonkos Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún Paillalao –fallecido el año 2013- fueron condenados en 2003 como autores del delito de amenaza de incendio terrorista y les impusieron la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Y, por su parte, los comuneros Juan Ciriaco Millacheo Licán, y Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Roxana Troncoso Robles fueron condenados en 2004 como autores del delito de incendio terrorista por el incendio de un fundo y les impusieron la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, al paso que el werken Ancalaf Llaupe fue condenado en 2004 como autor de conducta terrorista por la quema de un camión de una empresa privada y le impusieron la pena de cinco años y un día de presido mayor en su grado mínimo.

En su sentencia, la Corte IDH arguye que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1° de la Ley N° 18.314 que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de carácter terrorista de la que no lo era.