CED publica informe “Gratuidad en la Educación Superior”.

En el marco de los diversos debates que se han generado en el país respecto a la gratuidad de la Educación Superior (ES), el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) publicó un informe en el que se analizan las principales problemáticas que enfrenta este tema a nivel país.

Al efecto, el documento comienza señalando que el artículo 19 N°10 de la Constitución Política, establece el derecho a la educación, donde el fundamento básico está en que el Estado ha establecido la obligatoriedad de la enseñanza parvularia, básica y media. Sin embargo, en el caso de la ES la Constitución Política no exige la obligatoriedad de enseñanza y, por lo tanto, no existe el derecho a exigir su gratuidad. El trato es diferente, su deber se limita al fomento de su desarrollo y a la regulación de una actividad que debe ejercerse en condiciones de equidad, sin discriminación, con plena información a quienes se educan, asegurando un buen nivel de lo que ofrecen los planteles e incluso asegurando la calidad de quienes se incorporan a una actividad laboral. Pero, no hay derecho a la gratuidad desde el momento que es una decisión voluntaria de la persona. La lógica constitucional es implacable, ya que para constituir un derecho social se requeriría una reforma constitucional.

Enseguida, el estudio refiere a que, al igual que todas las actividades productivas, el servicio educacional tiene costos, se deben usar recursos para entregarlo, básicamente humanos. Esos recursos humanos y financieros tienen usos alternativos en otras tareas, ya sea en los diferentes niveles de la enseñanza o en otras responsabilidades del Estado como otorgar o financiar salud, previsión social, obras de infraestructura o seguridad pública. Es decir, la ES compite con mejorar la cobertura y calidad de los parvularios, donde básicamente se define el porvenir de quienes se educan, o con la cantidad de ambulancias disponibles en los consultorios de salud. En estos casos, entregar gratuidad a los estudiantes de los sectores del 5% de más altos ingresos de la población, corre en seria desventaja.