Las Comisiones unidas de Economía, Transporte y Telecomunicaciones continúan analizando el proyecto de ley que propone regular los cobros del servicio de parquímetro y estacionamiento, particularmente escuchando a diversos actores que se verían afectados con la propuesta.
Al efecto, el senador Tuma adujo que “seguiremos conociendo más opiniones en las próximas jornadas porque reconocemos que esta norma podría provocar efectos colaterales no solo a entidades públicas sino privadas, por eso no queremos hacer una norma única sino plantear adecuaciones en cada caso”.
En la oportunidad, las Agrupaciones de Pequeños Comerciantes de las regiones de Tarapacá, y Arica y Parinacota, cuestionaron la propuesta que los iguala con los grandes centros comerciales y mall, y sostuvieron que el cobro de estacionamiento representa un 35% de sus utilidades, por lo que terminar con esta medida generarían balances negativos en estas pymes. Sin embargo, manifestaron que sí están de acuerdo en implementar el cobro por minuto eliminando el criterio de fracción; y en terminar con el costo adicional por extravío de ticket.
Por su parte, la asesora económica Quiroz y Asociados indicó que existen 429 estacionamientos en el país, de los cuales un 21% del cuenta con giro principal, un 79% otro giro y un 81% cobra, y arguyó que los más afectados no serán los centros comerciales sino los agentes asociados a él, es decir, los locales que arriendan las dependencias, y al final del caso los propios consumidores.
De otro lado, Supermercados de Chile A.G. informó que un 90% de sus representados no cobra por este servicio y que el 10% que lo hace, utiliza el sistema de descuento por compra vía boleta, sin perjuicio de lo cual, agregó que la propuesta “favorece a sectores de altos ingresos en desmedro de quienes se movilizan en trasporte público, genera dudas respecto del derecho de propiedad si puede ser limitado sin invocar la función social del mismo, provoca asimetría regulatoria entre dueños de estacionamientos y respecto de los estacionamientos públicos, y constituye una intervención regulatoria que afecta la libertad económica”.
Finalmente, la organización ciudadana Ciudad Viva argumentó que en el mediano y largo plazo una medida como ésta fomenta el uso del automóvil, lo que está en contra de las recomendaciones realizadas por la Comisión Pro Movilidad que conformó el Ejecutivo.
Las instancias continuarán en los próximos días con la etapa de audiencias antes de proceder a votar la idea de legislar.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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