Presidenta Bachelet interpone querella por injurias contra revista que la vinculó al caso Caval. Acción penal fue ingresada ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago luego que se revelaran escuchas telefónicas que involucraban a la Mandataria en el denominado caso Caval. Emol (31). El vocero afirmó que los detalles de la querella los entregará el abogado de la Presidenta. La Tercera (31).
Querella la presenta como persona natural por injurias y calumnias en contra del director del medio, un editor y dos periodistas. Diario Financiero (31).
La acción apunta a la versión editada impresa y no a la digital, señala su abogado, que agrega: “Hay una intencionalidad política manifiesta, se excluye a todo el resto de las personas involucradas, todos de derecha, como Longueira”. Aseguró además que al bajar la nota desde su edición digital la revista reconoce el error y entrega un fundamento explícito a la presentación judicial, que no intenta coartar la libertad de expresión, sino demostrar la decisión explícita de dañar la reputación de la Presidenta. El Mostrador (31). "Casi todos, si no todos los actores de un amplio marco político que hay en nuestro país lamentaron este hecho, lo condenaron, lo repudiaron, es una demostración que aquello que ocurrió no debió haber ocurrido", indicó el vocero. El Mostrador (31). Diputados Sabat y Paulsen (RN): "Parece imprudente que la querella de la Presidenta sea contra el medio que develó el caso Caval", en donde tanto ella como otros miembros de su familia han prestado testimonio en calidad de testigo, o incluso de imputado tratándose de su nuera”, señala la Diputada Sabat. El Mostrador (31).
Oposición dice querella debería dirigirse contra quien "emitió los juicios" y cuestionan que sea dirigida al medio que difundió las declaraciones que la vincularon al caso Caval Emol (31).
Velasco declara que "Se debe respetar la honra de las personas", mientras que el coordinador de la NM y presidente del PR señala que "Resulta evidente que se ha traspasado un límite en el quehacer periodístico". Emol (31). “La libertad de prensa se debe ejercer con el debido respeto a las personas". "En este país se debe respetar la honra de las personas, con una prensa libre capaz de autorregularse y capaz de cumplir un rol social”, agregó El Mostrador (31).
Schilling: "Burgos me dijo que iba a analizar la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado". "Yo creo que detrás de esto hay cosas mucho más graves" El Mostrador (31). Oficialismo sospecha operación UDI para torpedear filtraciones a la prensa en casos judiciales. “La operación está clarita”, aseguraron desde la NM y explicaron que lo que observan es la intención gremialista de que si las filtraciones son cuestionables cuando atacan a la Presidenta, también las informaciones de estas no deben ser fiables cuando involucran a otros actores del mundo político, como parlamentarios y ex ministros. “Ahora no son solo ellos, sino que es el Gobierno el que critica las filtraciones, esto es una arremetida UDI”. El Mostrador (31).
Revista Qué Pasa rechaza y considera "de la mayor gravedad" la presentación de esta acción "que intenta coartar la libertad de expresión. Pulso (31). "Los peligros de esta acción merecen reaccionar con la mayor fuerza". Respecto al "contenido no podemos hacer comentarios hasta conocerla". Además, enfatizó que "para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales". El Mostrador (31). Consideramos de la mayor gravedad y rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión, declara Que Pasa. En la publicación, agrega, solo se reprodujeron los dichos de una persona imputada en el denominado caso Caval, que fueron obtenidas en una intervención telefónica autorizada por el juez de la causa. Antecedentes que no estaban amparados por ninguna clase de secreto, eran de acceso público para los intervinientes en la causa, y fueron obtenidos legítimamente por los periodistas. El Mercurio (1). Carlos Peña señala que el acto de publicar una declaración no es equivalente a adherir a su contenido y que la querella presentada por la Presidenta, desde el punto de vista político, le hará más mal que bien y contribuirá a estropear más todavía su popularidad. Algo así –un Presidente acusando a un medio de injuriarlo o calumniarlo- no se veía desde la época de la dictadura. El Mercurio (1). La Mandataria pasa así a integrar el grupo compuesto por Cristina Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa, quienes también han emprendido acciones judiciales contra la prensa en el ejercicio del poder. El Libero (1).
Bachelet se querella como persona por injurias y calumnias. La acción judicial es en contra del director del medio, un editor y dos periodistas. Diario Financiero (1). Abogado de la Presidenta aclara que querella es por artículo publicado en la edición impresa. The Clinic (1).
Gerente de Copesa: "No hay nada de qué retractarse, hicimos nuestra labor". Llama la “atención que digan que esto busca restablecer la ética y hablen de forma en el trabajo periodístico cuando la querella no tiene ese fin, sino obtener la sentencia condenatoria de los cuatro periodistas", afirmó. El Mostrador (1). Revista señala que querella "intenta coartar la libertad de expresión". Emol (1). Qué Pasa responde a querella: “Consideramos de la mayor gravedad intentar coartar libertad de expresión”. El Dínamo (1).
Ex director de revista Qué Pasa acusa a Fernando Paulsen de hacer lobby en favor de la querella. Trabaja en estudio del abogado Juan Pablo Hermosilla. Reconoce que ha hablado con periodistas que lo han llamado para preguntar detalles como parte de su trabajo, pero que no ha hecho gestión con nadie para influir en la causa y que, por el contrario, defiende lo publicado en la web de Qué Pasa, texto que leyó completo en su programa de radio. El Mostrador (2). Fernando Paulsen deja su programa en Radio ADN por coletazos de querella de Bachelet. The Clinic (2).
Beatriz Sánchez se suma a críticas contra el Gobierno por querella. El Dínamo (1).
ANP rechaza querella. Cualquier intento de acallar a un medio constituye un acto de “censura". Emol (1). "Si la Presidenta cree en la libertad de expresión debe resistir y tolerar aquello que le afecta", declara Pedro Anguita. Emol (1), El Líbero (2).
Gobierno se desmarca de querella: "Todo está en manos de su abogado". Vocero explicó que pese a que él fue quien informó de la acción judicial, los avances y el curso de ella lo lleva el abogado. Emol (1). Gobierno no volverá a referirse a querella. Vocero evitó abordar su presencia en la acción judicial como testigo y el hecho de que aparezca el Palacio de La Moneda como el domicilio de la Presidenta Bachelet. Emol (2), El Dínamo (2).
Querella es declarada "interpuesta" por Juzgado. Emol (1), La Segunda (1). Acción penal privada se revisará por el citado tribunal, que tendrá que llamar a una audiencia para discutir el fondo de la querella. El Mostrador (1). Presidenta pide tres años de cárcel y multa de 150 Unidades Tributarias Mensuales ($ 6,8 millones) además de las costas del juicio. Fue acogida por el Segundo Juzgado de Garantía. Entre los testigos de la defensa están el vocero de gobierno y la jefa de gabinete de la Presidenta. La Tercera (2), El Mostrador. (2).
Abogado aclara penas: Ningún periodista irá preso. Señaló que la condena de tres años de reclusión no contempla el cumplimiento efectivo. Las “penas en Chile inferiores a 5 años se cumplen en libertad". Emol (2).
Ministro Interior (s) declara que "Está en juego un periodismo serio y responsable". Aseguró que está demostrado "que desde el año 1990 en Chile no se coarta la libertad de expresión". Emol (1). Aleuy sale de escudero ante críticas por querella de Bachelet: "Aquí no está en juego la libertad de expresión". Ministro insistió en "la necesidad que tiene este país de tener un periodismo que sea responsable. Eso es lo que está en juego". El Mostrador (1).
Diputados RN ofician a Bachelet criticando querella. Además le piden aclarar si no habrá un uso de recursos públicos en su defensa judicial, luego que querella fuera anunciada por el vocero. Emol (1), El Mostrador (1). Diputado Edwards afirmó que es "el peor atentado en contra de la libertad de prensa desde el retorno a la democracia". Diario Financiero (1). PRI declara: "Esperamos que nadie más sea perseguido" y recordaron las noticias publicadas por la revista "también han sido replicadas por todos los medios". Emol (1). Oposición dice querella debería ir contra quien "emitió los juicios" y no del medio. Emol (1). Colegio de Periodistas: "No es el mejor camino". En este “caso en particular es difícil la separación entre la ciudadana Michelle Bachelet y la Presidenta de la República". Diario Financiero (1). Diputados de RN recurrirán a Contraloría por faltas a la probidad administrativa de Bachelet. Según un grupo de parlamentarios de la colectividad, agentes públicos colaboraron en gestiones de carácter particular de la Presidenta. Diario Financiero (2).
Esta querella recoloca el tema Caval en la agenda pública y demuestra que el caso Caval terminará siendo un sello del gobierno de Bachelet, señala Claudio Fuentes en La Segunda (1).
La Segunda (1) pasa revista a opiniones expresadas en Twitter por abogados, periodistas, escritores, etc. En torno a la querella.
Presidenta declara: "Estoy ejerciendo el derecho que tengo a defenderme". Soy partidaria de la libre expresión, pero siempre que ésta se use de forma "seria y rigurosa". Emol (1), La Tercera (1). "No puedo aceptar que se inventen públicamente falsedades". Creo en la libertad de expresión "como un valor central de la democracia", pero que a la vez en "la ética y la responsabilidad" que deben tener los medios. Diario Financiero (1), La Segunda (1).
Colegio de Periodistas se da una voltereta y dice que querella de Bachelet "no es el mejor camino”. En primera instancia, la organización citó su código de ética y afirmó que "el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es responsable”. Luego, su presidenta, con la querella presentada dijo "estamos en una disyuntiva ética, de si está bien hecho este reportaje o no" y ahora, en su postura que no nos parece son los últimos responsables de la publicación llevada adelante por el medio [sean los periodistas]". El Mostrador (1). Mediante declaración pública señala que el tribunal de ética del gremio "está disponible para abordar esta discusión". Emol (1).
Ascanio Cavallo tras ser citado como testigo en querella de Bachelet: "Del caso no sé absolutamente nada". Su testimonio apuntaría a describir "cómo funcionan los medios". Emol (2). Dice que se enteró por la prensa El Mostrador (2).
Vocero “No estaba al tanto de que había sido incluido como testigo en la querella. El Mercurio (3).
Abogado critica escándalera por querella: Dueños de “Copesa guardaron silencio cuando se asesinaban periodistas en dictadura". "Estamos enfrentando a gente extraordinariamente poderosa". Se declaró como un "gran" partidario de la libertad de prensa, pero aclaró que como en muchos otros países en el mundo, ésta debe tener límites. El Mostrador (2).
Bachelet furiosa y fuera de control político: preocupación oficialista por error de presentar querella. Presidenta incluso habló del tema en el marco de la cumbre OCDE en París. En estos días no escucha a nadie que piense distinto a su deseo de judicializar a toda costa la polémica abierta con la revista. “La Presidenta está en un estado de enojo en que nadie puede contradecirla”, aseguraron en La Moneda, porque este episodio –explicaron– fue la gota que rebalsó el vaso para ella, de un caso que desde que estalló el 6 de febrero del 2015 la golpeó en lo político –generó la caída libre de su apoyo y credibilidad en las encuestas– y sobre todo la ha afectado en su fuero personal, ya que los protagonistas son su nuera y su hijo. El Mostrador (2).
Presidenta de la DC: "Yo la entiendo mucho en lo humano". Evitó señalar si la Mandataria hizo bien o mal en presentar la acción judicial. Emol (2).
“Puede parecer la lucha de David contra Goliat”, afirma el Senador Guillier en El Líbero (2).
RN pedirá al INDH pronunciarse sobre querella. Diputados oficiarán al organismo para que aborde la "eventual afectación a la libertad de expresión y de información" y la conveniencia de que altas autoridades efectúen acciones legales del tipo. Emol (2).
"No es consistente con estándares internacionales", señala José Miguel Vivanco. La defensa de un alto cargo público está en el ámbito civil y no en lo penal. La Mandataria fue "mal asesorada". Emol (2), El Mostrador (2).
“Querella viola derecho internacional en materia de libertad de expresión”. “Funcionarios públicos no pueden recurrir al derecho penal para enjuiciar a quien difunde información u opiniones sobre su gestión”, señala ex relatora de la OEA. El Mercurio (3).
Mónica González califica de error querella: "No es cualquier clima en el que se hace". Se ha intentado "asfixiar a la prensa para que no siga publicando los casos de corrupción donde esos parlamentarios están afectados muy gravemente y la ciudadanía lo sabe, la Presidenta hace una querella que no ayuda en nada al clima”. El Mostrador (2).
El juicio sobre la credibilidad del Sr. Díaz o la veracidad del contenido de dicha controvertida conversación no es ni puede ser responsabilidad de un medio, sino de la justicia. El sentido común sugiere que el responsable de cualquier daño no sería el medio que expuso dicha conversación telefónica, sino aquél, escribe Leonidas Montes en El Mercurio (1). La historia detrás las escuchas telefónicas a Juan Díaz, informa La Segunda (2).
La presentación de la querella representa una derrota para el esfuerzo por la autorregulación ética de periodistas y medios de comunicación. La mejor defensa de la libertad de expresión no reside en el recurso a los tribunales ordinarios de justicia, sino en el respeto voluntario de normas basadas en el reconocimiento de los "valores compartidos" de la sociedad. Ello incluye, obviamente, la sanción (moral, solamente) de excesos y abusos. Existen dos mecanismos de autorregulación de nuestro país, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas y el Consejo de Ética de la Federación de Medios, y se ha avanzado en esta materia, escribe Abraham Santibáñez en El Mercurio (2).
No procede sancionar a un medio de comunicación por difundir informaciones de interés público en las que se señala expresamente la fuente. Tal como se ha sostenido, el acto de publicar una declaración no es equivalente a adherir a su contenido, escribe El Mercurio (2) en su editorial.
El conflicto entre la libertad de expresión y el respeto a la honra de las personas debe ser manejado con responsabilidad. Ni la Presidenta, ni la NM pueden alegar con fundamentos el ejercicio de esa virtud en los casos que el país ha conocido, escribe Luis Larraín en El Líbero (2).
Bajo el título “El ataque de la ciudadana Bachelet a la Presidenta de la República”, Faride Zerán escribe que hoy el debate estará centrado en una querella que, quiéralo o no, atenta contra la libertad de expresión en tanto atemoriza o coarta el derecho a la información, la fiscalización a los poderes y la demanda de mayor transparencia que la ciudadanía le hace a todos los sectores de la sociedad. The Clinic (2).
No se entiende la paradoja que hay detrás, porque la querella con hedor a censura se ejerce no sobre el medio, sino sobre cuatro periodistas, personas naturales, porque se publicó en papel, parte de los dichos de uno de los titiriteros de esta verdadera teleserie rancagüina, y se omitieron los relativos a varios políticos de oposición, escribe Jaime Jankelevich en El Líbero (2).
¿Tiene posibilidades de éxito su acción judicial? Diversos abogados opinan en La Segunda (2).
Probablemente la querella resulte políticamente incorrecta e impopular. Sin embargo, tal reacción inmediata constituye un gesto de dignidad muy respetable de parte de la Presidenta, opina Rafael Cárdenas. La Segunda (2).
Pese a que el abogado asegura que “nadie pretende encarcelar a nadie”, querella detalla las razones para pedir tres años de cárcel para los periodistas. El Líbero (3).
Fernando Paulsen renunció a radio ADN y criticó a revista Qué Pasa señalando que “la libertad de expresión, en la revista (…), fue censurada, editada y mutilada". La Tercera (3). "Me siento parte de la querella" presentada. Pulso (3). Vea la declaración que el periodista Fernando Paulsen hizo en el programa "La Prueba de ADN". El Mostrador (3). ¿Podía Paulsen ser periodista y al mismo tiempo trabajar con Juan Pablo Hermosilla?, se pregunta La Segunda (3). Si bien renunció a ADN, su rol como conductor en la radio y a la vez trabajar con el abogado que representa a la Presidenta Bachelet contra Qué Pasa, quedó en entredicho.
Rafael Gumucio en El Dínamo (3): “Nunca he visto alguien con más sed de martirio que Paulsen”.
Texto íntegro de la querella acogida a trámite. El Líbero (3).
Senador Guillier: “no fue la mejor solución”, incluso “podría perjudicarla”. El Líbero (2).
Diez parlamentarios de la NM sugieren que debería retirarla. El Líbero (3).
La acción penal de la presidenta desató críticas transversales por los riesgos que conlleva en materia de libertad de expresión. Cristián Riego acusa que la decisión de la mandataria va en dirección opuesta a la política de promoción de los derechos humanos impulsada por el gobierno, en The Clinic (3).
Querella de Presidenta repercute en prensa internacional. La Segunda (3).
La querella daña la imagen del país y puede llevar a que los medios se inhiban de cumplir su labor, señala una editorial de La Tercera (5).
Lo más grave ha sido el daño colateral, al comprometer la imagen del país y afectar las instituciones, que son innecesariamente tensionadas en una época política compleja, en que reina la suspicacia y la desconfianza. Nuestro país queda a la altura de las acciones de Chávez o Maduro, de Correa o de Cristina Kirchner. Mezcla la figura del Presidente de la República en trajines que les restan autoridad y se prestan para alegar un abuso de poder. El tribunal le da curso a la acción judicial en menos de 24 horas, algo que difícilmente un ciudadano común podría lograr. Y si después hay condena, se sospecharán presiones; si hay declaración de inocencia, la autoridad presidencial queda disminuida, escribe Axel Buchheister en La Tercera (5).
La SIP critica la querella. "Sin dudas esta demanda tiene la intención de amedrentar", señala el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. "Se busca el encarcelamiento de los periodistas, una acción que nos retrotrae a castigos que en Chile se buscaban contra los periodistas en épocas no democráticas y que han sido descartadas por la jurisprudencia internacional por ser métodos inhibitorio de la libertad de prensa". La Tercera (3). "Querella de Bachelet es abuso de poder" El Mostrador (3).
La Federación de Medios señaló que "radicar este debate en el ámbito judicial solicitando penas de cárcel para periodistas constituye un mal precedente y un grave retroceso en materia de libertad de expresión". La Tercera (3).
En Qué Pasa aseguran estar preocupados por "efecto amedrentador" de querella. Acusan a la Presidenta de seguir el mismo camino que otros gobernantes de la región que han incursionado en acciones legales contra medios de comunicación. Diario Financiero (3). Se la compara con Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández. Publicación anunció que recurrirá "a todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, para defender la libertad de expresión". El Mostrador (3).
Ascanio Cavallo señala que la palabra testigo le sorprendió un poco "porque da la impresión de que fuera un testigo naturalmente a favor de la querella y lo que la demanda dice en su mayor parte es que sería convocado en mi calidad de experto, de ex director de medios". La Tercera (3). Vocero asegura que "no estaba al tanto" de que había sido incluido como testigo en querella. "No es algo inusual, los abogados suelen y deben presentar listas de testigos para efectos de estos procesos y yo haré lo que la ley estime que se debe hacer". El Mostrador (3).
Hermosilla admite que fue un error no avisar a Ministro Díaz y Cavallo que serían testigos. De todas maneras atestiguaran en la causa. El Mercurio (4). “No hay avenimiento posible, porque disculpas públicas no se van a dar”. El Líbero (4). Vocero reiteró que la ley le exige ser testigo. Emol (4).
Bajo el título “Ascanio Cavallo: ¿Testigo de cargo contra la prensa?”, Jorge Canelas escribe que la Presidenta se querella contra periodistas y a la vez da un tiro de gracia al heraldo designado para difundir los argumentos de Chile ante la demanda marítima boliviana. El Líbero (5).
Analistas acusan falta de cálculo político en la solitaria acción judicial de la Presidenta. Diario Financiero (3).
Lorena Fries calificó como “un error la querella. Aquí hay efectivamente una colisión de derechos, entre la libertad de expresión y el derecho a la honra". La Tercera (3).
Alejandra Matus escribe que Chile ha tenido históricamente una prensa sobreideologizada, en que la 'edición' consiste muchas veces en reconstruir la realidad de la manera que más beneficie –o menos perjudique- a los amigos del medio. ¿Cómo se solucionaba esto en el pasado? Todos los 'lotes' tenían su diario. Trágicamente, hoy sólo subsisten los diarios -y sus holdings- a los que se permitió circular después del golpe de Estado. El Dínamo (2).
Daniel Jadue defiende la querella y apunta a Edwards y Saieh: "El primer peligro para la libertad de expresión es la concentración de los medios". El edil militante del PC, cuestionó los argumentos de quienes critican la acción penal de la Presidenta en contra de revista Qué Pasa, enfatizando que los dueños de los principales conglomerados ligados a la derecha utilizan constantemente sus medios para imponer sus líneas editoriales "con un fuerte sesgo" , definiendo , "lo que se discute y lo que no se discute en nuestro país; lo que se pone al centro y lo que se oculta según el interés de los controladores", afirmó. El Mostrador (3).
En “Libertad de expresión, el derecho a la información y la ética periodística”, Daniel Jadue escribe que si cometemos el error de convertir la libertad de expresión y el derecho a la información en un dogma, correríamos el riesgo de validar, como acontece hoy, que cualquier delincuente pretenda mitigar sus responsabilidades, intentando enlodar a todo el mundo para poder afirmar luego que a pesar las obvias diferencias todos somos iguales, lo que es sencillamente inaceptable. El Dínamo (3).
Resulta inaceptable que en una democracia en forma, la ley contemple la posibilidad de que el director de un medio sea condenado a una pena de cárcel por la publicación de los dichos de una persona determinada, sin que se persiga y menos se establezca la responsabilidad de quien las efectuó, como se pretende por la cuestionada querella, escribe Mauricio Daza en El Mostrador (3).
Bajo el título “Ley Mordaza o el desatino de la Presidenta”, María Teresa Larraín escribe en El Dínamo (3) que “Nosotros como sociedad no merecemos este espectáculo. Hay cosas más importantes en las cuales la Presidente debe poner su puño y su rabia. Confiar en cumplir con sus propuestas, las que hoy hacen agua por todos lados. Cargar su energía en lo que la ciudadanía espera: Reforma Laboral, Educacional, nueva Constitución, descentralización del país”.
La libertad de expresión está bajo ataque según The Economist. A pesar de que los medios para comunicar se han ampliado, los autores de la información se encuentran en peligro. La Tercera (3).
La decisión de perseguir a un medio de comunicación refleja su preocupante subvaloración por la libertad de prensa y la libertad de expresión. Precisamente porque Michelle Bachelet pertenece a una coalición política que sufrió los rigores de una dictadura que violaba esos derechos debiera entender que ella no es una ciudadana común y que la legítima defensa de su honra no debe alimentar la percepción de que el gobierno persigue criminalmente a medios de comunicación, escribe Patricio Navia en El Líbero (3).
Es la misma Presidenta que no contesta preguntas en los puntos de prensa. Y la misma que quiso excluir de los viajes oficiales a periodistas incómodos. La querella va en la misma dirección (se reconoce un patrón, diría un psicólogo): disciplinar a los medios para que no molesten. Por cierto, este rasgo autoritario no es privativo de la derecha más tradicional, sino que es también constitutivo de la izquierda en la que la Presidenta creció políticamente, escribe Daniel Loewe en El Mostrador (3).
Decisiones muy similares tomaron en su momento los Presidentes Correa, Chávez y Fernández: la persecución penal y legislativa en Ecuador, la cancelación de las licencias de transmisión y el cierre de medios en Venezuela y una ley de medios restrictiva en Argentina (ley de medios que, ojo con olvidarlo, también se propone en el programa de la Presidenta Bachelet), escribe Isabel Plá en El Líbero (3).
En la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, existe un estándar claramente asentado, conocido como la doctrina del "reporte fiel", conforme al cual la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun cuando haya casos en que el testimonio divulgado no sea correcto o pueda dañar el honor de alguna persona. El TC español resolvió que "al tratarse de un reportaje en que el medio se ha limitado a transcribir con fidelidad unas declaraciones externas a él, no es posible calificar al medio mismo como 'autor de la noticia', ni imputarle responsabilidades por la autoría de 'noticias' que no le son atribuibles". Esta misma idea goza de amplia aceptación en Argentina ("doctrina Campillay" (1986), No solo la censura previa atenta contra la libertad de expresión. La criminalización de la labor periodística produce naturalmente un efecto disuasivo en los otros medios, que tienden a "autocensurarse", escribe en El Mercurio (3).
En “Carta de 1981. Libertad de expresión”, La Segunda (3) informa que el 24 de septiembre de 1981 el régimen militar suspendió la publicación de la revista Apsi, lo que provocó el rechazo de la oposición. Producto de ello un grupo relevante de personeros firmó una carta de rechazo a la medida, señalando "esto se suma a otros actos recientes, violatorios de la libertad de expresión", criticando además la censura previa existente y que "se somete al pensamiento disidente a trabas políticas y administrativas y así se lo silencia". Entre los firmantes se encontraba la madre de la Presidenta, Ángela Jeria (aparece como Ángela de Bachelet), junto a los hoy ministros Paulina Saball, Heraldo Muñoz y Máximo Pacheco, como también periodistas, actuales embajadores y otros políticos.
Miguel Paz, bajo el título “Todos somos Bachelet”, escribe que se hace escandalosamente evidente la necesidad de que en las Escuelas de Periodismo chilenas (hay más de ¡30!) haya muchos más debates, análisis y publicaciones sobre los dilemas éticos de la profesión, el futuro de los medios, lo que estamos enseñando a los estudiantes y de cuánta falta hace tener Universidad en el sentido clásico del término y no en la lógica tecnócrata profesionalizante del modelo actual de acreditación académico chileno, que no es otra cosa que el cementerio del conocimiento y las artes liberales. The Clinic (3).
Ex Presidente del CPLT: “Es un riesgo serio a la libertad de expresión”. Las autoridades deben tener “mayor tolerancia frente a las críticas políticas”. Es indivisible el rango de Presidenta con el de ciudadana. El Líbero (4).
Laureano Checa escribe que pocas alegrías puede tener la Ley de Prensa este sábado 04 de junio cuando sople sus 15 velitas. No se trata de que estos tres lustros hayan sido del todo malos, pero los recientes sucesos parecen arruinarle la fiesta de aniversario. El Dínamo (4).
Bajo el título “Una mala decisión presidencial”, Pedro Anguita opina que a estas alturas, la solución más sensata que debería adoptar la querellante es darse por satisfecha de las explicaciones que le den o incluso no le den los querellantes en la audiencia de conciliación que deberá celebrarse próximamente. El Líbero (4).
Cómo se gestó la decisión más personal de la Presidenta Bachelet. La opción de querellarse la tomó jueves cuando leyó la publicación. No habló del tema con su equipo político. Busca que esta acción sea un “llamado de atención” para futuras publicaciones. El Mercurio (5).
Sebastián Piñera: "Siempre hay que privilegiar la libertad de expresión". La Tercera (4), El Dínamo (4). Revela que pensó querellarse contra medios, pero "privilegié la libertad de expresión". "Cuando yo era Presidente se escribían tantas cosas que eran falsas que a veces me daban ganas, pero se me pasaban". Emol (4). "Prefiero el ruido de una prensa libre que el silencio de una prensa amordazada". Estando en La Moneda "se escribían tantas cosas que eran falsas, que a veces me daban ganas de ejercer acciones legales", pero que optó por la "libertad de expresión". El Mercurio (5).
Lo que este caso volvió a dejar al descubierto es la preocupante soledad de la presidenta, la enorme carencia de componentes que ayuden a evaluar y a contrastar las consecuencias de sus decisiones. En este incidente, lo que brilló por su ausencia fueron los imprescindibles elementos de contención que todo equipo de gobierno debe tener; la efectiva capacidad de sus ministros y asesores para, en un incidente donde se mezclan hasta lo indecible las dimensiones humanas y políticas, conseguir que la Presidenta no termine bailando sola, escribe Max Colodro en La Tercera (5).
Gane o pierda la querella, la Presidenta pierde ante la opinión pública. Puedo distinguir que en esta querella hay más un interés político comunicacional que un interés específico de lograr un éxito jurídico, declara Juan Carvajal en El Mercurio (4).
Como políticamente nadie la ha apoyado -todos hablan de una torpeza mayor-, la única manera de entender la verdadera ira que desató en Bachelet la publicación de la revista Qué Pasa, es desde el lado humano. Para ella, todo este episodio fue y sigue siendo devastador. Desde el lado humano, es entendible. El sentimiento natural es proteger a su familia. El punto es que ella no es sólo madre; es la Presidenta. Debe ser capaz de separar su dolorosa situación personal, de su responsabilidad como Jefe de Estado. Da la impresión que Bachelet no ha sido capaz de ello. El caso Caval ha sido lapidario para su imagen política, pero de ahí a que aquello explique el que cerca del 80% de la población no la apoye, hay un trecho muy largo. Ella dice que tiene derecho a defenderse de esto último. Tiene razón. Pero, para la ciudadanía, lo que verdaderamente debe defender es su acción como presidenta. Embarcar al país en una pelea personal, no tiene sentido, escribe Andrés Benítez en La Tercera (4).
¿Qué ciudadano normal anuncia desde un recinto militar (el Grupo 10 de la FACh), que se va a querellar contra un medio periodístico por la “canallada” que le habrían hecho? Acto seguido que el vocero oficialice la demanda, y el subsecretario de Interior la asuma sin vergüenza como propia. Todo ello, tras descartar la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad del Estado, es decir, hecha la amenaza apenas encubierta de que se podían ir con todo. Que se fije el domicilio de la querella “ciudadana” en La Moneda y que se hicieran anuncios en paralelo desde París. Igualdades formales suelen camuflar desigualdades reales, escribe Alfredo Jocelyn-Holt en La Tercera (4).
La querella de la Presidenta contra periodistas constituye un serio riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Es imposible que un tribunal evalúe el posible delito desligándose de la titularidad del cargo de Presidenta. Buscar sanciones penales por el ejercicio profesional es no comprender la libertad de prensa y la democracia. Nada de lo dicho avala lo obrado por el medio de comunicación. Sus responsables han reconocido errores que, a mi juicio, encierran una falta de rigurosidad inexcusable. Pero el reparo ético y profesional no justifica la persecución penal. Si el gobierno tiene interés de aportar al desarrollo de un mejor periodismo y al respeto a los derechos fundamentales, entre ellos el del honor, debiera esforzarse más por favorecer el fortalecimiento del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y del Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Periodistas, escribe Luis Conejeros en La Tercera (4).
No comparto la posición de que la querella constituye un atentado a la libertad de expresión. Más bien vislumbro un intento de cercenar derechos inalienables y consagrar prerrogativas arbitrarias. Autorizar a la prensa a acceder a posiciones de tan excepcionales privilegios, prerrogativas o prebendas, de los que carecemos todo el resto de los ciudadanos, es algo que merece un mayor y mejor debate ciudadano y que no puede ser impuesto por instalaciones comunicacionales. La democracia, antes que nada, exige obligaciones, responsabilidad y aportes, incluso de la prensa, escribe Tomás Aylwin en El Mercurio (4).
La insistencia en que los medios no tienen la obligación de verificar tiene respaldos importantes. Pero hay un grupo de periodistas y profesores que cree que su labor exige algo más que ser simples transmisores de declaraciones no verificadas. Este convencimiento se ha ido fortaleciendo con el creciente desarrollo de la ética periodística, como rama de la ética general. En Chile se crearon dos mecanismos de autorregulación. El más antiguo es el del Colegio de Periodistas. El más nuevo el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación. En esencia, dicen que la mejor manera de resguardar la libertad de expresión cuando se cometen abusos o faltas es mediante el enjuiciamiento por sus pares. Desafortunadamente, el avance en esta materia está en peligro ya que La Moneda no recurrió a ninguno de esos mecanismos, escribe Abraham Santibáñez en La Tercera (5).
Es ingenuo esperar que el medio periodístico responsable de cometer abusos reaccione ante una "sanción moral solamente". Tal vez eso sea posible en países civilizados. El nuestro ha dejado de serlo. Hoy no hay respeto por nada ni por nadie, escribe Sylvia Soublette en El Mercurio (5).
La querella de Michelle Bachelet no sólo es el hecho político de la semana. También podría ser el del año o de la década. Es la primera vez desde el restablecimiento de la democracia que un medio es querellado por quien ejerce la Primera Magistratura y hay consenso en que este precedente -cualquiera sea su desenlace- no es una buena noticia para la libertad de expresión. Es indudable que la acción criminal es un hecho político en sí muy revelador, entre otras cosas porque reproduce rasgos del carácter de la Presidenta y del rodaje de su gobierno. Una prensa independiente -aun con sesgos, aun con errores, aun con ideas o gustos que te revuelven las tripas- es mejor para el país que una prensa atemorizada o sumisa al poder. La querella es producto de una reacción destemplada e impulsiva. Es débil en sus fundamentos jurídicos y torpe en sus alcances políticos. Quien pensó que la libertad de expresión era un jardín de rosas se equivocó medio a medio. Nunca lo fue y ojalá nunca lo sea. Tiene flores delicadas, es cierto, pero también tiene malezas y espinas. Por lo mismo es que hay que cuidarla, escribe Héctor Soto en La Tercera (5).
Existe ya amplia coincidencia en el país (y tal vez comienza a haberla también en el exterior) de que la Mandataria incurrió en un error político al querellarse. Tampoco reaccionó adecuadamente al tomar la iniciativa como ciudadana (no como Presidenta) de fijar, sin embargo, domicilio en La Moneda, emplear al portavoz para anunciarlo y difundir que su abogado trabajará sin solicitar honorarios a cambio. (¿De veras un servicio gratuito?). En etapas de declive económico, desprestigio de políticos, debilitamiento de la amistad cívica, inseguridad y movilizaciones sociales, los mandatarios de la región suelen considerar que la prensa es el primer responsable de las desventuras de sus administraciones. Es lo que ocurrió ahora con Bachelet, escribe Roberto Ampuero en El Mercurio (5).
Puede hacerse un severo reproche ético a la forma en cómo se publicó la información. Tengo dudas de que pueda configurarse el delito de injurias graves con publicidad. Proferir no es lo mismo que divulgar. La querella es un error táctico de proporciones. Es un despropósito: pudiera verse como un acto de venganza contra la revista que destapó el caso Caval; dará más visibilidad a este escándalo; supone equivocadamente que las personas públicas están sometidas a igual escrutinio y protección de la honra que tiene cualquier persona o que pueden desdoblarse como “ciudadanos”; contradice la tendencia mundial de ir eliminando los delitos y sanciones vinculados a la libertad de expresión; contraviene la doctrina de los Derechos Humanos; eran previsibles las críticas de los organismos especializados y de la prensa; se percibe como un acto de censura hacia los medios y a su rol en la investigación de la corrupción; se terminó por victimizar a la revista y sus periodistas; pareciera que Bachelet siempre culpa a otros por lo que le está ocurriendo y, ahora, atribuye conspiraciones o complots donde nadie más los ve; y cualquiera sea el resultado, ella, el gobierno y la coalición habrán perdido, escribe Jorge Navarrete en La Tercera (5).
Cuando la Presidenta pretende que su querella es la de una simple ciudadana, aparece pretendiendo un umbral de protección mayor al que, en razón de su cargo, está sometida. Lo que pudo ser un gesto de sencillez -decir que no actúa como Presidenta, sino como ciudadana- acaba siendo, objetivamente, una estrategia de protección. La querella, en vez de apagar el fuego de Caval, lo sopla y lo atiza. Es difícil imaginar un asunto con peores pérdidas para todos los partícipes -querellantes, querellados, testigos, instituciones- que el caso que ahora se inicia, escribe Carlos Peña en El Mercurio (5).
Una querella de esta naturaleza no debiera formar parte del arsenal del Poder ejecutivo en su relación con los medios, señala Pablo Halpern. El Mercurio (5).
Bachelet: "No me interesa que haya un castigo, me interesa que se diga que hubo un error"Aunque la Mandataria insistió que hubo “intencionalidad política” en el reportaje de la revista, se abrió a una salida alternativa tras la presentación del recurso judicial por injurias. Emol (6).
NM abre debate para apurar una solución del Gobierno por querella. “La Presidenta está en todo su derecho, pero es innegable que esto ha generado efectos políticos. Los tiempos judiciales se pueden ajustar y se puede buscar la forma para eso”, afirma el senador Quintana. “Es necesario que el Gobierno tome decisiones y se centre en retomar la agenda. Acá hay un tema de liderazgo del Gobierno en definiciones, como en materia laboral, y priorizar los temas que importan”. Carolina Goic. “Es necesario apurar lo más posible y resolver rápido el ámbito judicial de este tema, dado que provoca problemas que podrían afectar la marcha de la agenda legislativa”. Ernesto Velasco. “Las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. A estas alturas es una decisión política más que jurídica. La permanencia de esta querella no contribuirá a revertir las encuestas. Alejandro Navarro. “Me gustaría que en algún momento esto llegué hasta ahí y punto, con un acuerdo, con disculpas de la revista. Isabel Allende. El Mercurio (6).
El juez ordenó agendar una audiencia de conciliación entre las partes. El artículo 404 del CPP señala que cuando se trata de los delitos de calumnia o de injuria, se “otorgará al querellado la posibilidad de dar explicaciones satisfactorias de su conducta”. Se ofició a la revista Qué Pasa para que remita un ejemplar de fecha 27 de mayo, una copia íntegra de la nota periodística publicada en la página web con fecha 26 de mayo y de la posterior nota editada. El tribunal espera que llegue esta información antes de fijar la fecha para la audiencia de conciliación. El Mercurio (6).
El ejercicio de este derecho por parte de quien ejerce la Primera Magistratura puede tener un grave efecto inhibitorio sobre los medios informativos y el periodismo. El delito imputado supone que los querellados tuvieron el ánimo de injuriar, lo que en la literatura especializada se conoce como real malicia, lo que a la luz de los hechos conocidos no parece plausible. Cualquier posible vulneración de estándares de procedimientos y de normas editoriales que pudiere haber ocurrido corresponde al ámbito de la ética y de la autorregulación. Radicar este debate en el ámbito judicial constituye un mal precedente y un grave retroceso en materia de libertad de expresión. Instamos a recurrir a un órgano calificado como es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación para extraer de este episodio conclusiones que enriquezcan el debate público y contribuyan a un mejor ejercicio del rol informativo de los medios, señala la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile en El Mercurio (6).
El asunto no radica en domiciliarse en La Moneda o en llevar como testigos a personas que pertenecen a su equipo de trabajo, sino en la intención que hay detrás de esta querella, escribe Ángela Vivanco en El Líbero (6).
Francisco Méndez bajo el título “El falso heroísmo de los periodistas de Qué Pasa”, escribe que están bien lejos de ser mártires. Si bien no debería haber discusión en que sería un error bastante grave que alguno de ellos se fuera preso por el artículo en cuestión que molestó a Bachelet, lo concreto es que realmente su labor consiste en algo más mundano que sus “nobles” decisiones editoriales: el deber de apuntar hacia un lado sin que nos demos cuenta. El Dínamo (6).
Encuesta Panel Ciudadano-UDD: 58% cree que se coarta libertad de expresión. El Mercurio (5). Cadem: un 46% de encuestados se muestra de acuerdo con querella de Bachelet. En tanto, un 50% de los consultados declaró estar en contra de la acción judicial. Según el estudio, un 22% aprueba y un 68% desaprueba cómo la Presidenta está conduciendo su gobierno. Emol (6).