El proyecto que regula la despenalización del aborto en tres causales, que se encuentra en segundo trámite, se continúa analizando en audiencias durante estos días, donde se escucha a facultativos y profesionales que deben intervenir en estos procedimientos y a especialistas de la sociedad civil que analizan desde la óptica del derecho esta posibilidad.
Durante la sesión de hoy, los legisladores de la Comisión de Salud conocieron las encuestas realizadas a los integrantes de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, el Colegio Médico, y Colegio de Matronas y Matrones. La pregunta principal fue  si está a favor de practicar o intervenir en un aborto en el caso del riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o ante una violación.
Mayoritariamente los profesionales se mostraron a favor de estas causales, haciendo ciertas salvedades relacionadas a procedimientos y protocolos. En tanto, los congresistas conocieron el parecer de entidades como la corporación Humanas; y la organización Idea País que se encuentran en los extremos argumentales.
El presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazzal explicó que “en Chile existen mil 100 profesionales acreditados, de ellos un 60% son parte de nuestra sociedad. Les aplicamos la encuesta el 2015, preguntando por las tres alternativas del proyecto de ley”.
 “En el caso del riesgo de vida de la madre, un 61% de los encuestados se mostró  favor de una aborto; mientras que cuando hay inviabilidad fetal, un 66% declaró estar de acuerdo al procedimiento. Es distinto el panorama en la tercera causal, porque sólo un tercio de las personas que respondieron indicaron que sí avalan la interrupción”, aclaró.
Asimismo, Nazzal afirmó que “cada año se registran entre 50 y 60 casos de mujeres que ven en riesgo su vida por su embarazo; y son entre 700 a 800 los casos de fetos que vienen con malformaciones que hacen vulnerable su vida”.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Paris citó documentos de la Asociación Médica Mundial, indicando por ejemplo que “no es función de la profesión médica fijar las reglas del juego en este contexto, sí lo es asegurar la protección de los pacientes”.
Refiriéndose a la encuesta manifestó que “en cuanto a la primera causal, estamos de acuerdo con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Cuando hay inviabilidad fetal, creemos que hay que respetar la voluntad de la madre sea continuar con esa vida o no. De todas formas creemos que un especialista debe determinar esas complicaciones, nunca un médico general”.
En relación a la causal de violación, el doctor Paris dijo que era necesario contar con un acompañamiento multidisciplinario. “Los médicos podremos describir las lesiones, pero no nos corresponde constatar una violación. Esa esa tarea de las policías. Debe respetarse la confidencialidad y la objeción de conciencia”, aclaró respecto al rol de los facultativos.
Por otra parte, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, Anita Román afirmó que “cada año mueren en Chile unas 50 mujeres, 5 de las cuales fallecen por un aborto inseguro. En nuestro país, el aborto es un hecho de la causa y como se hace en forma clandestina genera un riesgo sanitario innecesario. Felicitamos al Gobierno por la presentación de esta iniciativa que es un paso adelante”.
En cuanto a la violación, “el proyecto no obliga a abortar pero sí le da seguridad sanitaria a aquellas que prefieran hacerlo. Siempre se habla de violaciones que se llevan a cabo en sitios eriazos, pero no se profundiza en la mayor parte de estos casos que se dan al interior del hogar. Los familiares  son los victimarios que atacan en forma consecutiva. A estas mujeres, el proyecto va a proteger”.
Agregó que “el Código del Trabajo no cuida a la mujer, porque hay que reconocer el porcentaje de mujeres que hoy se ven obligadas a abortar porque no tienen la seguridad laboral para seguir con esa vida. Nadie habla de esto y creo que hay que visibilizarlo”.
En cuanto a las posiciones más extremas, el representante de la organización Idea País, Antonio Correa señaló algunos errores en que incurriría el proyecto de ley. “Hay eufemismos como cuando se usa el término interrupción si en realidad estamos frente al término de una vida. Se dice que es una despenalización, pero en realidad se está discutiendo garantizar un derecho”, ejemplificó.
Por su parte, la representante del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, Camila Maturana indicó que “hoy se respetan los derechos de las personas, es decir de los nacidos. Los embriones no son personas. La Constitución es clara, se protege la vida del que está por nacer”.

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