CGR se pronuncia sobre revocación de permisos para comercio en ferias libres.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del prosecretario de la Cámara de Diputados, a requerimiento del diputado Silber, y el Sindicato de Trabajadores Independientes de la “Feria Persa San Enrique”- la revisión de la fiscalización ejercida sobre tales comerciantes, por funcionarios de la Municipalidad de Quilicura que no tienen la calidad de inspectores municipales y por servidores contratados a honorarios, lo que fue constatado y resuelto mediante el oficio N° 1.035 de 2016, de la CGR, el cual ordenó regularizar tal irregularidad y el inicio de un proceso disciplinario.

El municipio en cuestión informó que la referida ordenanza se encuentra ajustada a derecho, lo que habría sido confirmado por fallos judiciales que se han pronunciado en tal sentido, agregando que dicha preceptiva local establece como sanción frente al incumplimiento del deber de asistencia de los comerciantes, la revocación del permiso, medida que es notificada a los afectados, sin perjuicio que en el respectivo acto administrativo no se hace alusión a la posibilidad de impugnación, lo que se corregirá en lo sucesivo. Añade que cada locatario tiene un libro de inspección en el lugar de trabajo, en el que se anotan las observaciones que se realizan durante las visitas de los inspectores municipales.

Al efecto, el ente de control expresó que en lo concerniente a la supuesta infracción al debido proceso y a las normas de la ley N° 19.880, según exponen los recurrentes, dada la inexistencia de un procedimiento para constatar en forma objetiva las causales previstas para la revocación del permiso -tales como faltas graves, agresión verbal e inasistencias-, y la imposibilidad de formular descargos, no se logra observar que en los actos administrativos de revocación de los correspondientes permisos -que se han tenido a la vista y que fueron puestos en conocimiento de los contribuyentes-, se haya señalado de manera explícita, la posibilidad de reclamar en contra de los mismos, omisión que sumada a las expuestas precedentemente importan, en definitiva, una afectación del derecho de defensa de los comerciantes (aplica criterio contenido en el dictamen N° 94.239 de 2014).