CS ordenó a empresa de servicios financieros eliminar registros de morosidades y protestos de bases de datos.

En fallo unánime, la Corte Suprema rechazó los sendos recursos de casación en el fondo y en la forma deducidos por el demandante Servicio Nacional del Consumidor y por la demandada Créditos Organización y Finanzas S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la de primer grado en aquella parte que impuso una multa única de 40 UTM, resolviendo que dicho monto deberá pagarse por cada una de las infracciones establecidas, confirmándola en cuanto acoge la demanda y declara la responsabilidad infraccional de la demandada al haber vulnerado los artículos 3 letras a) y b), 4, 12, 16 letra g) y 23 de la Ley 19.496, anulando las cláusulas N°1, 3 y 7 del contrato de crédito denominado “Informativo Convenio”, y disponiendo la eliminación de los registros de morosidades y protestos de las bases de datos en que han sido informados los consumidores, determina los grupos y subgrupo de consumidores afectados para efectos del pago de la indemnización de perjuicios determinada en el motivo vigésimo noveno del fallo, ordena la publicación de los avisos previstos en el artículo 54 de la citada ley y la remisión de copia autorizada al servicio demandante, sin costas.

En cuanto a los recursos de casación en la forma, la Corte señala que la primera alegación en que se sustenta la pretensión de invalidación formal planteada por la demandada tiene relación con la omisión del pronunciamiento sobre dos defensas concretas planteadas por su parte, consistentes en que no se produjo una infracción a las normas de la ley de protección al consumidor en los términos del artículo 1 N°1 y que no se irrogó un perjuicio efectivo a los consumidores. Tal alegato fue desechado, puesto que incurre en la impropiedad de considerar que las pretendidas omisiones configuran la causal de nulidad impetrada, en circunstancias que no lo hacen. En efecto, el fallo señala que ambas son defensas de fondo, puesto que pretenden enervar la acción planteando la inconcurrencia de las condiciones que permiten acogerla. Por lo mismo, la resolución que acoge o rechaza la demanda debe examinar la presencia de los requisitos que prescribe la ley para acceder a las pretensiones que contiene, lo que implica analizar las defensas que se sostienen en la falta de todos o algunos de ellos, de modo que se trata de cuestiones sobre las cuales hubo pronunciamiento. Distinto es que el fallo no contenga razonamientos sobre estos específicos puntos, pero en ese caso el vicio que eventualmente se configuraría no es el invocado, por lo que esta Corte no está convocada a resolverlo.

En relación con la segunda denuncia formulada por la demandada, esto es, la omisión de consideraciones respecto de la infracción de las normas de la ley de protección al consumidor invocadas en la acción, distintas de la del artículo 16 letra g), la sentencia advierte que tal carencia no es efectiva, tal como indicó la decisión impugnada al resolver el mismo arbitrio impetrado contra la dictada por el juez a quo, por cuanto se desprende de sus motivos vigésimo quinto a vigésimo séptimo que se refiere a las transgresiones denunciadas del artículo 3 letras a) y b) y 4° de la Ley N°19.496.