TC español declara constitucional reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a su Consejo General.

De forma unánime, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad del proyecto de reforma relativo a varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referidos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional ibérica señaló que limitar el deber de comparecencia del Presidente y los Vocales del CGPJ ante las Cámaras a la explicación de la Memoria, como hace el nuevo artículo 564 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no vulnera la Constitución. En esta línea, señaló que el Congreso y el Senado no pueden ejercer un control político sobre el Consejo, pues ello pondría en riesgo su independencia; sin embargo, este límite no implica que los miembros del órgano de gobierno de los jueces estén exentos de la obligación de colaborar con las Cámaras cuando éstas lo requieran o de acudir, si son llamados, a una comisión parlamentaria de investigación.

A continuación, el fallo realizó una interpretación conforme de dicho precepto, rechazando que la limitación del contenido de las comparecencias parlamentarias vulnere el art. 72.1 de la Constitución, que atribuye a las Cámaras la potestad de elaborar sus reglamentos. La autonomía reglamentaria tiene una dimensión interna, por lo cual no corresponde a estas normas regular el sistema de relaciones entre las Cámaras y los demás órganos constitucionales, como es el CGPJ. Además, agrega que tampoco hay vulneración del artículo 76.2 de la Carta Fundamental, relativo a la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación cuando la Cámara lo requiera, pues debe entenderse que la finalidad del artículo impugnado es regular un concreto aspecto de relaciones institucionales ordinarias, limitado a la Memoria del CGPJ, sin que contenga ninguna mención respecto del deber de responder ante las comisiones de investigación de las Cámaras, que obliga a todos los ciudadanos, sean o no autoridades públicas, y, por tanto, también a los miembros del CGPJ.