El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en su sección Temas Públicos, publicó el documento “Separación Sename: ¿Está puesto el foco en los niños?”.
El documento recuerda que la semana pasada comenzó la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Protección Especializada de Niños y Niñas (SPE), una de las dos iniciativas parlamentarias que buscan separar el Servicio Nacional de Menores (SENAME) en dos nuevos servicios: el SPE a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Con ello, explica LyD, el primero asumiría la generación de políticas sociales para aquellos niños que han sido gravemente vulnerados, y el Ministerio de Justicia tomaría la responsabilidad de coordinar los programas del sistema de ejecución de sanciones y el proceso de reinserción social para los adolescentes que hayan infringido la ley.
Aduce LyD que el proyecto presentado tiene grandes deficiencias ya que no fortalece al servicio, ni sus programas, ni la coordinación de éstos.
Además, se desconfía del rol de la sociedad civil en la política de infancia, cuya labor se realiza a través de los organismos colaboradores, que con el proyecto de ley pasan a llamarse “entidades acreditadas”.
Es por ello que se pregunta si el nuevo Servicio de Protección terminará protegiendo a los niños o a los programas del Estado.
Enseguida advierte que en su opinión los cambios institucionales introducidos en el proyecto de ley en materia de protección a la infancia no significarán necesariamente mejoras en la calidad de las prestaciones entregadas.
Esto, explica, por cuanto el proyecto no hace referencia a ningún cambio en los programas de intervención; sólo aumenta el límite máximo de la subvención que pueden recibir los centros residenciales administrados por entidades acreditadas y no asigna mayores recursos a los programas que buscan recuperar las vulneraciones que han presentado los niños.
A continuación, el texto se refiere a que uno de los argumentos para dividir el SENAME y crear un servicio con exclusiva dedicación a la protección es la necesidad de separar a los niños que requieren protección de los que han infringido la ley.
Asimismo, agrega LyD, el proyecto deja elementos esenciales -como la definición de la institucionalidad y los nuevos estándares de acreditación de las entidades de la sociedad civil- a la definición de 6 reglamentos, siendo que gran parte de ellos debiesen ser materia de ley y, por ende, ser discutidos en el Congreso.
Por todo lo señalado, el documento señala que el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección no asegura mejorar la calidad de los programas y la gestión de las instituciones.
Adicionalmente, se insiste, deja sólo en principios y no explicitado cuál es el rol que tiene la familia para proteger y participar en este tipo de políticas, crítica que resulta transversal a los proyectos de infancia presentados por la actual administración.
De esa forma, concluye LyD manifestando que el proyecto de ley genera una serie de nuevas exigencias a las instituciones privadas que no se condicen con las exigidas a las instituciones que son administradas directamente por el Estado, y tampoco se mejora la calidad ni se asignan más recursos a los programas ofrecidos, generando una discriminación en contra de los niños atendidos por las instituciones privadas.
Vea texto íntegro del estudio.
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