CS de Argentina declaró inconstitucional normas que crean parque provincial en el río Iguazú.

La Corte Suprema de Argentina declaró la inconstitucionalidad de las leyes locales XVI N° 99 y N° 112 de la Provincia de Misiones, que dispone la creación del "Parque Provincial del Río Iguazú" y establece que comprende "el sector argentino del Río Iguazú".

En su sentencia, el máximo Tribunal trasandino sostuvo que sin lugar a dudas el sector argentino del Rio Iguazú integra el Parque Nacional Iguazú. Ello, pues no hay ninguna razón que autorice a convalidar la ley XVI N° 99 que crea el "Parque Provincial del Rio Iguazú" y a seguir el criterio de la Provincia en cuanto afirma que el "parque nacional sólo se extiende hasta la línea de ribera del río Iguazú sin comprender parte alguna de tal cauce de aguas". Así, mal puede sostener entonces el Estado provincial que el cauce del río Iguazú y sus Cataratas no integran en una unidad inescindible el nombrado establecimiento de utilidad nacional; e intentar mediante el dictado de las leyes XVI N° 99 y 112, vaciar de contenido la totalidad integrativa del fin para el cual fue creado el Parque Nacional Iguazú. Tampoco puede, con solvencia técnica, jurídica e histórica, argüirse que no ha sido precisamente el fenómeno natural de las Cataratas del Iguazú -esta maravilla de la naturaleza declarada por la UNESCO en 1984 que integra la lista del Patrimonio Mundial-, una de las causas eficientes de la creación del Parque Nacional Iguazú.

Enseguida, el fallo expone que no puede la Provincia demandada arrogarse sin más la propiedad de un establecimiento de utilidad nacional que no ha sido desafectado de su destino al uso público por una ley del Congreso Nacional y, por tanto, desconocer el régimen legal del referido Parque Nacional Iguazú y sus límites. En otras palabras, sostener un criterio contrario importaría tanto como admitir que por medio de una ley provincial puedan apoderarse de un bien cuya propiedad y destino se encuentran bajo la jurisdicción y administración federal, alterando así el reparto de competencias que a su respecto la Constitución Nacional establece y desconociendo el interés público que determinó la constitución del establecimiento y su vigencia en el tiempo al no haber cambiado su finalidad por parte del Congreso Nacional, único órgano de la Constitución habilitado al efecto.