Corte de Santiago estableció que clausura de local comercial por municipalidad no se ajustó a la normativa de la Ley 18.695.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por una comerciante contra la decisión de la Municipalidad de Independencia que ordenó clausurar su local comercial porque habría realizado modificaciones al inmueble sin contar con autorización y no contaría con un contrato de arrendamiento vigente.

En su fallo la Corte razona que la decisión de clausura no se ajustó a la normativa de la Ley 18.695 y además no se fundamenta en hechos comprobados por lo que es ilegal y arbitraria. La misma aparece dictada fuera de los casos que la ley autoriza, al margen de las normas que la regulan y conculca los derechos a desarrollar una actividad económica lícita y el derecho de propiedad de la recurrente.

Añade la sentencia que si bien el alcalde de la municipalidad recurrida señala que fundamentó la clausura en lo establecido por la letra ñ) del artículo 65 de la Ley N° 18.695, cabe señalar que no consta en ninguna parte que se haya realizado con el acuerdo del Concejo, exigencia legal que no puede omitirse.