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Segundo programa.

Propuesta constitucional de la candidata presidencial Beatriz Sánchez.

En esta segunda publicación, DiarioConstitucional.cl continúa difundiendo las propuestas constitucionales de los candidatos a la presidencia de la República, correspondiendo en esta oportunidad al texto que postula la candidata Beatriz Sánchez.

30 de octubre de 2017

En esta segunda publicación, DiarioConstitucional.cl continúa difundiendo las propuestas constitucionales de los candidatos a la presidencia de la República, correspondiendo en esta oportunidad al texto que postula la candidata Beatriz Sánchez.

En el documento –parte del programa político y que se titula “La salida a la crisis de la política: nueva Constitución y sistema político”– se plantea que Chile tiene una Constitución cuya legitimidad y eficacia viene siendo cuestionada de manera creciente, tanto por su origen dictatorial, como por la insuficiencia de las reformas posteriores que si bien han modificado numerosos aspectos de ella no logran transformar el carácter y esencia del orden constitucional contenido en el texto de 1980, como por la poca vocación democrática que ella contiene. Esto se manifiesta en los múltiples obstáculos y límites que impone para dar curso a los anhelos y problemas de nuestra sociedad, produciendo un preocupante descrédito de las instituciones y sus autoridades entre franjas crecientes de nuestro país.

Frente a ese escenario, agrega la propuesta, se ha visibilizado en el debate público la demanda por un cambio político y social que no puede ajustarse ni ceñirse a los mecanismos, formas y contenidos de la Constitución y orden institucional vigentes.

Así, y en torno al mecanismo para dar inicio al proceso de cambio constitucional, indica el documento que como primera medida para dar validación institucional a este proceso, se enviará al Congreso una propuesta de Reforma Constitucional que incorpore la convocatoria a plebiscito como un mecanismo que permita decidir sobre cuestiones de interés general del país, como lo es, de manera muy clara, la cuestión del cambio constitucional. Para esto, y dada la actual normativa, se requiere reformar los artículos 15 inciso 2° y 32 N° 4 de la actual Constitución, para incluir expresamente la posibilidad de convocar a un plebiscito constitucional, normas cuya modificación requerirán el acuerdo de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

Y respecto de las medidas de cambio constitucional, entre otras, propone el texto la elaboración de una nueva Constitución por la vía de una convocatoria a una Asamblea Constituyente electa con sufragio popular, representativa y con mecanismos de participación activa de la ciudadanía en el proceso constituyente. Una nueva Constitución que refleje los anhelos mayoritarios de nuestra sociedad, que exprese su diversidad social, política y cultural, y que se proponga como objetivo facilitar mayores y crecientes grados de democracia y participación, de justicia social y ampliación de derechos y libertades para las personas y colectivos.

De igual manera, se refiere el documento a un nuevo Estado que proteja, promueva y garantice los derechos fundamentales, aduciendo al efecto que se promoverá un nuevo compromiso del Estado y sus instituciones como instrumentos garantes de los derechos individuales y colectivos, ampliando el catálogo de estos en la nueva Constitución.

Asimismo, se propone un Estado Plurinacional e Intercultural, para lo cual la nueva Constitución a la que se aspira declarará como principios fundantes del Estado de Chile la plurinacionalidad y la interculturalidad. En ese sentido, establecerá el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y afrodescendientes, avanzando en esto sobre cuatro ejes: económico, lingüístico, jurídico y político.

En cuanto al Estado descentralizado, se arguye que la Constitución debe impulsar la descentralización real del poder político y económico en Chile, de modo que nuestro país pueda abandonar la condición del país más centralista del continente, la que funciona como un lastre en términos económicos, políticos, culturales y sociales. La elección democrática de las autoridades regionales y la definición a escala local de las prioridades con que se implementará el Plan Nacional de Inversión, además de la pertinencia de avanzar a estructuras tributarias que reconozcan las especificidades de cada región, por nombrar algunas, son iniciativas que deben ser potenciadas por la nueva Constitución Política de la República.

Por otra parte, se propone establecer en la Constitución el derecho de la ciudadanía a presentar proyectos de ley, reformas constitucionales, iniciativas de reemplazo constitucional para dar inicio a un proceso constituyente, además de convocatorias a plebiscitos o referendos sobre alguna materia de Gobierno, como la aprobación de tratados internacionales o el régimen de extracción de recursos naturales o bienes comunes del territorio nacional.

En relación al Tribunal Constitucional, el programa constitucional de la candidata Beatriz Sánchez expone que el actual TC es un órgano cuyas atribuciones y finalidad es el de constituir un límite para los cambios que el país requiere, asegurando la continuidad de la Constitución de 1980. En la nueva constitución se propondrá reemplazarlo por un Corte Constitucional de una composición más plural que el actual, con un sentido dirigido a la ampliación de los principios y derechos contenidos en la nueva Constitución y con funciones distintas que deben ser debatidas en el proceso de cambio constitucional. Se propondrá, en el marco de la asamblea constituyente, eliminar el control previo y en abstracto del nuevo órgano de control constitucional.

De otro lado, se propugna en el documento el reemplazo del actual sistema bicameral, por una asamblea legislativa unicameral electa con criterios de proporcionalidad y resguardando la representación de las regiones, zonas menos pobladas y pueblos originarios. Asimismo, se impulsará la posibilidad de revocar el mandato de todos los cargos de elección popular y un límite a la reelección de estos a un máximo dos mandatos consecutivos.

Finalmente, y entre otras medidas, el programa propone la democratización en el acceso a la justicia, ampliación en cantidad y cobertura de las acciones que aseguran derechos constitucionales, además de facilitación y desformalización de los trámites y acciones judiciales. La democratización se considera también debe ser interna al Poder Judicial: la Corte Suprema no debe ser la encargada de la calificación y ascenso en este poder del Estado. Para ello se propone crear una nueva institucionalidad, Consejo de Magistratura o similar, que sea encargada de la calificación y ascenso dentro del Poder Judicial y que además tenga a su cargo la Academia Judicial.

 

 

 

Vea texto íntegro de la propuesta constitucional.

 

 

 

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