CC de Colombia estableció que instituciones educativas carecen de facultades para imponer o programar actividades religiosas de cualquier naturaleza.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela incoada por una profesora en contra del colegio donde trabaja y la Secretaría de Educación de Fusagasugá, debido a la solicitud de acompañar a los estudiantes en las actividades religiosas católicas que realiza la institución.

En su libelo, la accionante sostuvo que han sido afectados los derechos fundamentales a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia, ya que además de solicitarle acompañar a los estudiantes en actividades religiosas católicas, en circunstancias que ella no profesa dicha religión, se le ha manifestado que el próximo año se iniciaría un proceso de auditoría de su desempeño por haberse presentado quejas al respecto. Además, radicó un escrito exponiendo esta situación ante la Secretaría de Educación de Fusagasugá, respecto de la cual no ha recibido respuesta.

En su sentencia, la CC colombiana manifiesta que existió vulneración de los derechos a la libertad religiosa y de cultos de la accionante por parte de los directivos de la Institución Educativa Municipal, al requerir su acompañamiento a los estudiantes en las actividades religiosas católicas que programa la institución. Lo anterior, por cuanto dicha institución estableció, como parte de las funciones de la docente, la asistencia a los actos religiosos, tales como eucaristías católicas, ya que cuando la accionante solicitó específicamente indicaciones sobre qué actividades podría realizar durante las eucaristías, la respuesta sistemática de la institución fue recordarle las funciones de los docentes, dentro de las cuales se encontraba el deber de acompañamiento a sus alumnos a todas las actividades de la comunidad, sin hacer distinción entre aquellas de origen religioso y las demás propias de su labor. También generó, cuando menos, un ambiente hostil para la docente, quien se vio presionada a expresar públicamente que no profesaba la religión católica. Asimismo, incluyó actos religiosos dentro de las actividades académicas de obligatoria asistencia para la docente. Además se provocó, cuando menos, temor e incertidumbre injustificada en la docente al advertirle que para el año 2017 se le realizaría una auditoría, al parecer, por algunas quejas presentadas por estudiantes, ante lo cual la accionante manifestó preocupación sobre la injerencia que pudieran tener sus creencias religiosas no católicas en dicha evaluación. Por lo anterior, los directivos de la Institución Educativa Municipal desconocieron el principio de laicidad y el deber de neutralidad de las entidades oficiales toda vez que, a través del rector, se hizo manifestación pública de adhesión a la religión católica, contraviniendo los preceptos constitucionales y de ley.