CS confirmó sentencia en favor de CIPER y desestimó protección interpuesta por un médico que invocó el “derecho al olvido”.

El médico ginecólogo recurrente accionó en contra de CIPER al considerar vulnerado su derecho a la protección de la vida privada y a su honra y la de su familia, por mantener la recurrida en su sitio un reportaje de fecha 3 de marzo de 2013 que lo vincula con el uso de medicamentos abortivos en su práctica, lo que ha redundado en actuaciones posteriores como la de miembros de la Comunidad por los Derechos del Nacimiento, que en su cuenta de Facebook compartió con fecha 16 de mayo último el referido reportaje, generando una serie de comentarios en su contra, lo que estima vulnera de manera continua sus derechos y libertades fundamentales por lo que en ejercicio del “derecho al olvido” –que busca borrar artículos en Internet– y que contrasta con el derecho a estar informado, pide que se le ordene a CIPER eliminar la mención que a él se hace en el reportaje.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había desestimado la acción constitucional, sin embargo, deja establecido que no se puede atribuir la comisión de algún acto ilegal a la recurrida, toda vez que ésta se limitó a publicar antecedentes de una investigación periodística respecto de la cual los hechos que la motivaron resultaron probados, al punto que significaron la aplicación de una sanción al recurrente por parte del Colegio Médico, debido al otorgamiento de recetas médicas falsas del medicamente denominado Mysotrol, situación que justifica plenamente la necesidad de hacer pública la información, debido a su relevancia y connotación.

En este sentido, agrega la Corte, el recurrente no tiene sustento para sostener que se han conculcado de manera permanente, desde la emisión del referido reportaje, sus garantías y libertades, toda vez que dicha aseveración no resulta probada, puesto que por una parte, la información entregada resultó ser veraz y de interés público, y, por la otra, también se sustenta en su propio actuar, toda vez que cuando el reportaje fue recién emitido en el año 2013, no impetró protección, por lo que malamente puede concluirse que dicha afectación ha sido continua y permanente. En este sentido y en lo relativo a la mantención de la información, no existe norma legal que lo impida, cuando la información ha probado, como en la especie, ser verídica y de interés público.