Diario Constitucional

Plaza de armas de Pozo Almonte.

CGR desestima denuncia contra funcionarios públicos y municipales que habrían intervenido en actividad desarrollada por senador Fulvio Rossi.

No fue posible acreditar que la intervención o comportamiento de los funcionarios públicos involucrados haya sido contraria al deber de mantener una conducta social intachable.

Por Redacción·04 de diciembre de 2017·5 min de lectura
CGR desestima denuncia contra funcionarios públicos y municipales que habrían intervenido en actividad desarrollada por senador Fulvio Rossi.
Referencial

Se denunció ante la Contraloría General de la República –por parte del senador Fulvio Rossi Ciocca- a los funcionarios públicos y municipales que indica, quienes habrían realizado acciones de manera concertada y violenta, con mensajes injuriosos, insultos y provocaciones durante el desarrollo del operativo social que efectuó el recurrente el día sábado 11 de marzo de 2017, junto a un equipo de profesionales, en la plaza de armas de la comuna de Pozo Almonte, hechos respecto de los cuales debe investigarse y hacer efectiva la responsabilidad administrativa de aquellas personas que ejercen la función pública, al estar obligados a mantener una conducta social intachable.

Al respecto, el ente contralor hace presente que tratándose de servidores públicos, en el desempeño de sus respectivos cargos, deben abstenerse de realizar actividades políticas en cumplimiento de las normas sobre Probidad Administrativa contenidas en la ley N° 18.575, y en el artículo 84, letras g) y h), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, estándoles prohibido, “Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales" y "Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones".

Añade que, quienes se desempeñan como contratados a honorarios en la Administración, deben observar el principio de probidad administrativa en el desarrollo de las tareas encomendadas en virtud del respectivo acuerdo de voluntades, por cuanto si bien no son funcionarios públicos, tienen el carácter de servidores estatales y realizan una función pública (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos. 27.856, de 2016 y 2.327 de 2017).

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