TC de España anuló pago de indemnización por cierre temporal del almacén de gas “Castor”.

El Tribunal Constitucional de España acogió parcialmente los recursos presentados por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra el real decreto-ley con el que el Gobierno acordó la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas “Castor” y el pago de una compensación económica de 1.350.729 miles de euros a la empresa Escal UGS, S.L. tras su renuncia a la explotación de gas. Dicha compensación se abonaría por la nueva titular, Enagás Transporte S.A.U., a cambio de obtener el derecho de cobro del sistema gasista durante 30 años.

Cabe recordar que con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, el Gobierno atendió a la compleja situación técnica existente en la instalación “Castor” tras la renuncia a la concesión presentada por la empresa titular, Escal UGS, S.L. Esa compleja situación tuvo lugar cuando, durante la inyección de gas colchón en el subsuelo, a 21 kilómetros de las costas de Castellón y Tarragona, se produjeron una serie de movimientos sísmicos que causaron una notable alarma social. Por ello, la Dirección General de Política Energética y Minas acordó la suspensión temporal del almacenamiento de gas y los primeros informes técnicos, encargados al Instituto Geográfico Nacional y al Instituto Geológico y Minero de España, recomendaron la realización de estudios adicionales. Ante la imposibilidad de decidir en ese momento sobre el futuro de la instalación, el Gobierno acordó la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo y encargó a Enagás Transporte S.A.U. la realización de los estudios necesarios así como el pago de la compensación a Escal UGS, S.L. por el valor neto de su inversión. Así, la norma recurrida también explica que la hibernación de las instalaciones, que permite mantener la explotación siempre y cuando no implique riesgo para las personas, bienes y medio ambiente, es una solución que requiere un régimen jurídico y económico específico sobre el que no hay precedentes legislativos.

En su sentencia, el TC ibérico señaló que existen dos circunstancias –ausencia de una regulación general de la hibernación de instalaciones de producción o almacenamiento de energía, y diferencias entre esta figura y la suspensión provisional de actividades- que justifican el uso de la legislación de urgencia por parte del Gobierno. Consideró que, efectivamente, el decreto-ley impugnado ha sido aprobado para hacer frente a una situación” que “por razones difíciles de prever requería de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la tramitación parlamentaria. Por tanto, la norma recurrida pretende conjurar los riesgos que, para personas, bienes y especialmente el medio ambiente, pudiera generar la existencia de una instalación de almacenamiento de gas sita bajo las aguas del mar Mediterráneo, en especial si esta instalación quedara desatendida o se mantuviera la sola suspensión de actividades administrativamente acordada. Finalmente, señala que la ausencia de regulación de la hibernación no puede suplirse con decisiones administrativas, pues la cobertura de las lagunas legislativas es una tarea que corresponde privativamente al legislador. Por tanto, la norma impugnada cumple en este punto la exigencia de necesidad y urgencia que la Constitución establece.