El Instituto Libertad y Desarrollo publica el informe “Consideraciones respecto a la gratuidad en la educación superior técnico profesional”. El documento recuerda que la semana pasada, el Gobierno ingresó un proyecto de ley que anticipa la entrada a la gratuidad de los alumnos del 7º decil de ingresos que asisten a instituciones de Educación Superior Técnico Profesional (ESTP). Ello significa saltarse la meta de ingresos fiscales que la Ley de Educación Superior establece como requisito para poder ampliar esta política.
De esta forma, se busca reparar la discriminación histórica que ha sufrido este sector respecto a las ayudas estudiantiles que entrega el Estado a los alumnos de universidades, así como también, relevar a los técnicos como motor de la economía y el país.
Si bien, dice LyD comparte ambos objetivos, considera que la gratuidad no es el mejor mecanismo para alcanzarlos; por un lado, por los daños financieros que ésta conlleva, pero además, porque no es ahí donde se produce el trato discriminatorio, sino que en las becas.
Además le parece que con esta medida se podría dar una señal equivocada en cuanto a la responsabilidad fiscal con que el Gobierno se ha comprometido, abriéndose las puertas a nuevas demandas por mayor gasto.

DISCRIMINACION HISTÓRICA: EL PROBLEMA SON LAS BECAS, NO LA GRATUIDAD
El texto explica que en lo que dice relación con las becas, el apoyo que entrega el Estado es significativamente menor cuando se trata de un alumno que asiste a ESTP versus a una universidad.
En cuanto a la gratuidad, añade LyD, si bien es cierto que en 2016, primer año que entró en vigencia sólo incluyó a los alumnos de los 5 primeros deciles que estudiaban en universidades, en 2017 se incorporó también a los alumnos de ESTP, resolviéndose con ello la exclusión inicial. Así, hoy el financiamiento público de la gratuidad llega hasta los alumnos del 6º decil de ambos sistemas, sin que haya discriminación. En ese sentido, donde sí puede encontrarse un tratamiento dispar potencialmente discriminatorio hacia el sector Técnico Profesional (TP), es en los requisitos que se impone a las instituciones de educación superior para poder formar parte de la gratuidad. Mientras a las universidades estatales no se les exige ningún requisito en cuanto a acreditación, de manera que tienen acceso independiente de su calidad, a las universidades privadas se les exige al menos 4 años de acreditación, al igual que a las instituciones de ESTP. Adicionalmente, a éstas últimas se les exige estar constituida como persona jurídica sin fines de lucro, requisito que excede lo que les impone la ley para la obtención del reconocimiento oficial. La consecuencia de esto es que hay alumnos que pertenecen a los 6 primeros deciles y que no pueden acceder a la gratuidad no porque su institución no cumpla con el mínimo de calidad (4 o más años de acreditación), sino que por su naturaleza jurídica. Es posible que ellos consideren que están siendo discriminados, y sin embargo, el proyecto del Gobierno no se manifiesta sobre este asunto.

PROBLEMAS DE AVANZAR CON LA GRATUIDAD: FIJACIÓN DE ARANCELES QUE PODRÍA PONER EN VILO EL PROGRESO DEL SISTEMA

El documento advierte que el Gobierno haya decidido abordar la discriminación histórica que ha aquejado a los estudiantes de ESTP mediante la gratuidad, representa también una situación compleja en tanto significa legitimar un mecanismo defectuoso, que establece la fijación de aranceles y que con ello está generando déficits financieros en las instituciones participantes.

LOS VERDADEROS POSTERGADOS: MÁS DE LA MITAD DE LOS ESCOLARES MÁS MODESTOS NI SIQUIERA LLEGAN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Con respecto a este punto, LyD asevera que un peso que se dirige al financiamiento de la educación superior es un peso que se deja de invertir en los niveles educativos previos, o en otras urgencias que tenemos como país. En ese contexto, los datos son categóricos en mostrar que las personas y los jóvenes más modestos se encuentran fuera de este nivel educativo. La Encuesta CASEN 2015, por ejemplo, muestra que por un lado hay una brecha importante en el acceso a educación superior entre el 10% más pobre y el 10% de mayores ingresos del país. Pero además, lo que ocurre en el decil 7 -el que se verá involucrado en el anuncio del Gobierno- es decidor: 6 de cada 10 jóvenes de ese segmento NO se encuentra asistiendo a educación superior. De esta forma, seguir enfocándose en la gratuidad significa desatender e invisibilizar las necesidades de esa mayoría que se encuentra fuera de este nivel educativo.

EL MUNDO VA EN SENTIDO CONTRARIO: RETROCEDIENDO EN GRATUIDAD

Un último punto más general que LyD no puede dejar de mencionar, tiene que ver con no conformarnos con las consignas que se han instalado y que les parecen equivocadas.
El texto argumenta que el aparente consenso respecto a la gratuidad de la educación superior no se sostiene al revisar la experiencia de los países desarrollados, donde los modelos gratuitos no son la regla. Así por ejemplo, al revisar el ranking QS 2018, vemos que cuatro de los cinco países que lo encabezan tienen una importante participación privada en el pago de aranceles. El aumento en la demanda por educación superior, el incremento en los costos para proveerla y la consecutiva presión por elevar el gasto público hasta niveles insostenibles, han hecho de los modelos de financiamiento compartido entre los alumnos y el Estado la tendencia hacia la cual están transitando varios países y la reciente recomendación de organismos como la OCDE y el Banco Mundial.
Ejemplifica el caso de Australia, que reformó su sistema de financiamiento a la educación superior en 1989, pasando desde una gratuidad que estaba vigente desde 1973, a un sistema en que las instituciones cobran aranceles a los alumnos y en que el Estado los apoya con un crédito contingente al ingreso. Esta reforma se originó debido a la necesidad de dar cabida a más estudiantes, pues hasta ese momento el sistema había sido incapaz de adaptarse al aumento en la tasa de finalización de la educación secundaria ocurrida durante los ‘80.
Desde el nacimiento del programa de crédito contingente al ingreso en Australia, se asegura que esta idea ha ido ganado fuerza en el mundo y hoy en día existe también de alguna u otra forma en países como Nueva Zelanda (1991), Sudáfrica (1991), Inglaterra y Gales (1998), Corea (2009), Hungría (2001) y Holanda (2016).
Por último, LyD arguye que en el caso de Chile, en que ya contamos con una cultura de pago de aranceles, con un financiamiento compartido de la educación superior entre el Estado y las familias, y con un sistema desarrollado de ayudas estudiantiles, todo indica que venimos del lugar hacia el cual estos países están tratando de transitar. En lugar de retroceder hacia la gratuidad universal, parece más acertado evaluar cambios al sistema de becas y Crédito con Aval del Estado (CAE), de manera de corregir sus falencias e impulsarlo como el mecanismo principal de ayudas estudiantiles, indica.

Vea texto íntegro del documento

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