Amnistía Internacional asegura que las autoridades nicaragüenses han adoptado una estrategia de represión caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, el control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales para sofocar protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, manifestó que “las autoridades nicaragüenses se han vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y —con frecuencia— letal a sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. A continuación, el Gobierno del Presidente Ortega ha tratado descaradamente de encubrir estas atrocidades, violando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
A continuación arguye que “el Estado debe dejar de inmediato de reprimir a las personas que se manifiestan, y particularmente a jóvenes estudiantes, y respetar su derecho a criticar las políticas públicas”.
En lugar de criminalizarles, plantea que “el Gobierno del Presidente Ortega debe permitir la creación de una comisión internacional que lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva y, si procede, formular cargos contra todas las personas que sean sospechosas de cometer u ordenar ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza, así como otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.
Amnistía recuerda que las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril en respuesta a las reformas gubernamentales que subieron las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social, y al mismo tiempo recortaron las prestaciones. Hasta el 28 de mayo, por lo menos 81 personas habían resultado muertas, 868 heridas y 438 detenidas en la respuesta de mano dura, y sumamente coordinada, a las protestas.
El organismo documenta el uso que la policía nicaragüense hace de las armas letales, el gran número de personas heridas por arma de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de heridas de bala en la cabeza, el cuello y el pecho de las personas muertas, y los intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los homicidios. Estos patrones han llevado a la organización a concluir que existen indicios de que la policía y los grupos parapoliciales hayan cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales.
A su juicio, la estrategia de represión parece haber sido ordenada desde las más altas instancias del Gobierno. El Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo demonizaron reiteradamente a las personas que se manifestaban y negaron que se hubiera matado a gente, mientras las autoridades públicas negaban a las víctimas la atención médica, manipulaban pruebas y se negaban a ordenar autopsias y otros exámenes forenses.
Añade el organismo que el uso de grupos parapoliciales, conocidos también como “turbas sandinistas”, ha desempeñado un papel fundamental en la represión de las manifestaciones, pues las autoridades les han permitido atacar a manifestantes, incitar a la violencia y sembrar el miedo entre la población, reforzando así tanto el poder represivo del Estado como su capacidad de negar la responsabilidad en los ataques.
Durante las primeras semanas de la crisis, las autoridades también, asegura Amnistía, violaron el derecho de la población a acceder a la información bloqueando la transmisión de cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. Una emisora de radio fue incendiada, al menos a una docena de periodistas les robaron, amenazaron o atacaron, y a un reportero, Ángel Gahona, lo mataron de un tiro mientras retransmitía en directo en la ciudad costera de Bluefields.
Cabe señalar que una delegación de Amnistía Internacional viajó a Nicaragua del 2 al 13 de mayo para verificar la información sobre violaciones de derechos humanos en las ciudades de Managua, León, Ciudad Sandino y Estelí. El informe de la delegación se basa en más de 30 entrevistas en profundidad, 16 casos específicos (entre ellos nueve homicidios), el estudio de docenas de testimonios y documentación de organizaciones locales, el examen técnico y la corroboración de las pruebas videográficas y fotográficas, y el análisis por parte de personas expertas en armas de fuego y munición.
La organización global de derechos humanos concluyó que, el 20 de abril, al menos tres hospitales públicos se negaron a tratar a personas que habían resultado heridas de gravedad durante las manifestaciones, incluido Álvaro Conrado, de 15 años, a quien dispararon cuando daba agua a los manifestantes.
El informe documenta también varios casos en los que las autoridades bloquearon las autopsias de personas muertas en las protestas, y condicionaron la entrega de sus cadáveres a sus familias haciendo que éstas firmaran documentos de exención en los que afirmaban que no presentarían denuncia. Varias familias de víctimas contaron que la policía las había amenazado y acosado para disuadirlas de denunciar públicamente lo sucedido o presentar cargos.
Amnistía Internacional pide al Presidente Ortega, como jefe del Estado y jefe supremo de la policía nacional, que ponga fin de inmediato a la represión violenta de manifestantes, la intimidación y el acoso a las familias de las víctimas y la estigmatización de quienes protestan.
Las autoridades nicaragüenses deben, solicita también, permitir el establecimiento de una comisión internacional de personas expertas independientes que garantice una investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre las posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, incluidas las presuntamente cometidas por grupos armados progubernamentales.
Asimismo, añade, el Gobierno del Presidente Ortega debe implementar sin demora las recomendaciones emitidas recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de concluir una visita al país.

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