CGR determina que las tierras indígenas no pueden ser objeto del proceso de regularización establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1979.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de un particular en representación de una sucesión hereditaria- la reconsideración del dictamen N° 6.745 de 2017, indicando que, de conformidad con la copia de la inscripción en el registro de tierras indígenas de la hijuela que describe, la propiedad respecto de la cual reclama la solicitante tendría la calidad de indígena, por lo que no se pudo aplicar el decreto Ley N° 2.695 de 1979.

El ministerio de Bienes Nacionales informó que los terrenos indígenas pueden ser objeto de regularización siempre que el solicitante tenga igualmente la calidad de indígena.

Al respecto, el ente contralor recuerda que el dictamen respecto del cual solicita la reconsideración analizó la reclamación tendiente a dejar sin efecto la regularización realizada en favor de un tercero por parte del Ministerio de Bienes Nacionales sobre una propiedad que tendría la calidad de tierra indígena, concluyendo en esa oportunidad, que en virtud de lo previsto en el artículo 6°, inciso tercero de la Ley N° 10.336, no procedía que el órgano de control informara ni interviniera, ya que en contra de la inscripción conservatoria dispuesta a favor del tercero solo corresponde interponer las acciones judiciales que reconoce el decreto ley N° 2.695, de 1979.