CC de Colombia estableció que en el contexto político no se desconoce la honra cuando se expresan informaciones sobre asuntos de interés público.

La Corte Constitucional de Colombia rechazó la acción de tutela incoada por el Alcalde Mayor de Bogotá contra un concejal de dicha ciudad.

En su libelo, el accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, debido a que el accionado afirmó en una sesión del Concejo Distrital y en su cuenta de Twitter que, con anterioridad al ejercicio del cargo actual, promovió y vendió alrededor del mundo buses tipo Transmilenio.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional colombiana indicó que en el entorno político la libertad de expresión, cuando se ejerce en pro del interés público, tiene límites menos rigurosos y merece mayor deferencia por el margen de apertura de un debate amplio y reflexivo frente a las opiniones como actos de control del poder público predicables de la democracia constitucional; luego, los funcionarios públicos han tener mayor consciencia de la tolerancia con la cual deben asumir el discurso político de sus opositores y de los ciudadanos, aun cuando se trate de expresiones chocantes o inquietantes, dado que su connotada posición en el ámbito social y administrativo flexibiliza sus derechos a la honra y al buen nombre. Así, consideró que las declaraciones del Concejal están amparadas por el discurso político, dialéctica que goza de un especial nivel de protección por su importancia para la democracia, la participación y el pluralismo. En efecto, teniendo en cuenta que el accionante es un funcionario público, la información usada para criticar sus propuestas no solo es de dominio, sino que es relevante y trascendental para la comunidad. Por tanto, no puede perderse de vista que la hoja de vida de los gobernantes en cuanto a su ejercicio profesional es un referente de interés público, pues a partir de ella no solo se define si se acreditan requisitos para ocupar un determinado cargo, si no han incurrido en faltas contra el erario o lo bienes tutelados por el derecho punitivo y si no están impedidos o comprometidos para ejecutar ciertas actuaciones.