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Derechos Humanos.

Amnistía afirma que a los 100 días nueva administración de Cuba aún no ha desmantelado la maquinaria estatal represiva.

El organismo continúa recibiendo frecuentemente informes alarmantes de que las autoridades cubanas están arrestando arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos y deteniéndolas por períodos breves.

28 de julio de 2018

En el día 100 del mandato de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que “la noticia de que la Asamblea Nacional de Cuba ha aprobado una nueva Constitución que, entre otras cosas, abre el camino para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo si queda aprobada por referéndum en los próximos meses, es un gran paso adelante para los derechos de las personas LGBTI en Cuba y el Caribe”.
Así, continúa “le damos la bienvenida a este avance e instamos al Gobierno a apostar por el diálogo con todos los sectores de la sociedad y permitir una pluralidad de voces a medida que realice nuevas reformas”.
Sin embargo, arguye que durante los primeros 100 días de la presidencia de Díaz-Canel, continúan recibiendo frecuentemente informes alarmantes de que las autoridades cubanas están arrestando arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos y deteniéndolas por períodos breves.
Enseguida ejemplifica que el activista ambientalista Ariel Ruiz Urquiola fue liberado condicionalmente a principios de este mes, aunque las autoridades aún podrían devolverlo a prisión por el resto de su sentencia, mientras que otro preso de conciencia, Eduardo Cardet, permanece tras las rejas casi 20 meses después de su arresto por simplemente ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo asegura que “la astuta teatralidad de funcionarios públicos durante el Examen Periódico Universal de Cuba antes de la ONU en mayo no ocultó la realidad de la vida en la isla, donde las autoridades mantienen una red de control mediante prácticas como el uso arbitrario del derecho penal y despidos discriminatorios de empleados estatales”.
Por último, enfatiza que “la nueva administración de Cuba todavía tiene la oportunidad de desmantelar la maquinaria estatal represiva que continúa eclipsando cualquier otro avance en el cumplimiento de los derechos humanos”.

 

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