En una reciente publicación del Instituto Libertad y Desarrollo se da a conocer el informe “Acuerdo nacional por la seguridad pública: respuesta a un tema prioritario”.
Se recuerda que la semana pasada se hizo público el texto sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, que por mandato del Presidente Piñera, aborda las principales preocupaciones de los chilenos en temas de seguridad pública. Éste consiste en 150 propuestas elaboradas por la mesa de trabajo convocada al efecto por el Ejecutivo, integrada entre otros, por variadas autoridades y se refiere a la modernización y fortalecimiento de las policías, al Sistema de Inteligencia del Estado y contempla medidas de fortalecimiento de seguridad pública.
Varias de estas medidas, se asegura, van en línea con el programa presidencial, que tuvo entre sus principales ejes el tema de la delincuencia, en especial la primera y segunda parte del acuerdo. Otras medidas resultan novedosas o diversas de aquellas contempladas en el plan de Gobierno, pero igualmente buscan responder y disminuir la sensación de inseguridad de la ciudadanía, que se ha mantenido alta en el último tiempo, además de atender a la constante necesidad de modernizar las instituciones y herramientas utilizadas a favor del combate de la delincuencia.
ESTADÍSTICAS SOBRE DELINCUENCIA
Se expone la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que efectúa la siguiente pregunta para medir la percepción de delincuencia: “Pensando en la delincuencia, ¿usted diría que durante los últimos doce meses la delincuencia en el país aumentó?”.
Se puede observar, afirma LyD, que la percepción se ha mantenido relativamente alta en los últimos años, a pesar de haber una disminución de cinco puntos en 2017 (ubicándose en 80,8%, por debajo de 2016).
Es preocupante, continúa, la sensación de inseguridad de las personas. Según la misma ENUSC 2017, el 57,6% de los encuestados creía que en los próximos 12 meses iba a ser víctima de un robo con violencia o intimidación, el 47,4% esperaba sufrir un robo por sorpresa y a un 31,6% le parecía probable ser víctima de un robo en su vivienda. Sumado a lo anterior, la confianza de los encuestados en las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana en el país no pareciera ser muy alta. Se muestra el porcentaje de confianza en las distintas autoridades encargadas de este problema, que revela que ésta en general es baja. Exceptuando a Carabineros (39%) y la PDI (30%), el resto de las instituciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad ciudadana cuentan con una confianza inferior al 50% de los encuestados. El Congreso (87%), los Tribunales de Justicia (76%) y el Ministerio del Interior (74%) son quienes concentran la menor confianza en este sentido.
Por otra parte, si se observan los datos de victimización en hogares en cuanto a delitos de mayor connotación social, se puede ver que el porcentaje de éstos ha aumentado desde el año 2013, volviendo al nivel de 2011.
Todo lo anterior, señala, da cuenta de la necesidad de avanzar en forma decidida en la adopción e implementación de medidas que se hagan cargo de la creciente victimización y que permitan, a su vez, mejorar la sensación de inseguridad de la ciudadanía, devolviendo con ello la confianza en las autoridades y otorgándoles una señal de aprobación para seguir actuando en este sentido.
ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD PÚBLICA
LyD detalla que las propuestas del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública se dividen en cinco capítulos: 1) Modernización administrativa y operativa de las policías: las propuestas de esta sección tienen como fin dividir las funciones policiales entre Carabineros y la PDI, evitando la duplicidad de éstas, al tiempo de generar responsabilidades claras en el marco de acción de cada una de sus esferas de competencia. Lo anterior, no sólo genera eficiencias desde el punto de vista del buen uso de los recursos públicos sino además permite combatir de mejor forma la delincuencia. Se plantean mecanismos para implementar la transparencia e indicadores de actividad, eficiencia y resultados. Además, se sugiere hacer una mejora a la carrera policial en el ingreso, formación, calificación, ascensos y selección de altos mandos.
2) Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado: se propone modernizar el sistema de inteligencia utilizado por organismos del Estado, a través de orientación, conducción estratégica, fijación de metas y objetivos comunes, aumento de capacidad y obligación de cooperación entre los distintos actores del sistema. Gran parte de las modificaciones propuestas en este acápite deberán ser implementadas a través de leyes.
3) Fiscalización y control de las armas de fuego: 30 propuestas (de 150) están enfocadas en la fiscalización y control de las armas de fuego. Existe esta preocupación por la mayor participación de armas en los delitos de mayor connotación social y en el crimen organizado. En esta materia, y más allá de la devolución voluntaria, surge la inquietud respecto de las armas no registradas que se utilizan para la comisión de estos delitos, tema que no debiera quedar ausente en esta discusión.
4) El rol de los municipios en la seguridad pública: en los municipios se debe suplir una gran cantidad de demandas ciudadanas, dentro de las que se encuentra la seguridad pública. Hay una falta de personal técnicamente capacitado para atender esta materia y la coordinación actual es insuficiente para poder actuar de buena manera. Por esto, se presentaron propuestas referidas al reconocimiento legal de los municipios en esta tarea, capacitación, financiamiento y responsabilidades de las municipalidades y alcaldes.
5) Coordinación entre los actores del Sistema de Persecución Penal: se plantea que existe un consenso en cuanto a la necesidad de generar una mayor coordinación entre los distintos órganos del Estado que interactúan en la materia, y mejorar las facultades de investigación y persecución penal de éstos. En términos generales, las medidas están bien orientadas y se abocan adecuadamente a resolver los problemas detectados. El desafío estará, más bien, en la correcta formulación y especificación de las medidas propuestas y su posterior implementación. Ello, pues en su mayoría los lineamientos son más bien generales y no hay plazos estipulados.
LyD explica que el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública está enmarcado dentro de los ejes del programa de Gobierno, proponiendo 150 medidas agrupadas en seis capítulos que tratan la modernización de las policías, fortalecer el sistema de inteligencia, tener un control más estricto respecto a la posesión de armas de fuego, potenciar el rol de las municipalidades en materias de seguridad y la coordinación en el sistema de persecución penal.
Este Acuerdo, añade, constituye una respuesta a la percepción de delincuencia en nuestro país, que es alta, la poca confianza que hay actualmente en las instituciones que están a cargo de la seguridad pública, y el alza en el nivel de victimización.
Por último, LyD arguye que una vez presentadas, persiste el desafío en cuanto a su correcta especificación e implementación, ya que algunas constituyen enunciados muy generales, y sobre los cuales no se han presentado plazos concretos para su puesta en marcha. Ello será sin duda uno de los principales desafíos de este Gobierno, transformar estas propuestas en un plan de acción concreto en el tiempo.
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