Iniciativa busca incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en compras públicas.

La moción de los senadores Allende, Girardi, Goic, Órdenes y Sandoval expone que, dada la significación de las compras públicas en el mercado, los criterios bajo los cuales se adoptan las decisiones de compra del estado afectan en varias dimensiones a los sectores público y privado, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto debido a que implican procesos de producción y consumo que acarrean externalidades en su entorno. En consecuencia, el estado como organismo que busca el bienestar de la sociedad en su conjunto debe considerar no sólo el precio del bien o servicio que se desea adquirir sino también sus externalidades con el fin de tener una visión completa del costo total del producto o servicio que se quiere contratar.

En este contexto, una de las políticas más efectivas aplicadas por los países desarrollados durante los últimos años consiste en la definición de criterios ambientales para productos y servicios en las adquisiciones del sector público. La definición de estándares ecológicos, y también sociales, pueden tener una aplicación directa en las compras públicas. Así, para analizar el costo real de las compras, se puede aplicar el enfoque de ciclo de vida. Este concepto propone no solo considerar el precio de compra, sino que también incluir en el análisis los impactos en la generación, operación, mantención y posteriormente en la etapa al término de su vida útil. Así, un producto que inicialmente es más barato, podría resultar más costoso debido a sus mayores costos sociales o ambientales en algún proceso de su ciclo de vida, y por el contrario, un producto inicialmente más caro, podría resultar más económico al considerar los costos del ciclo de vida.

Los senadores agregan que, debido al alto potencial que tienen las compras del estado para incidir en el ámbito económico, social y ambiental, se debe aprovechar la oportunidad para orientarlas hacia estándares de producción ambiental y socialmente responsable, para influir en el mercado nacional y generar competitividad en un nuevo ámbito de innovación tecnológica e investigación destinada a la sustentabilidad. En efecto, el estado de Chile gradualmente ha ido incorporando criterios ambientales mediante la recomendación a las entidades estatales de contratar con proveedores socialmente responsables que cuenten con sellos implementados por ChileCompra.