La moción de los senadores Allende, Girardi, Goic, Órdenes y Sandoval expone que, dada la significación de las compras públicas en el mercado, los criterios bajo los cuales se adoptan las decisiones de compra del estado afectan en varias dimensiones a los sectores público y privado, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto debido a que implican procesos de producción y consumo que acarrean externalidades en su entorno. En consecuencia, el estado como organismo que busca el bienestar de la sociedad en su conjunto debe considerar no sólo el precio del bien o servicio que se desea adquirir sino también sus externalidades con el fin de tener una visión completa del costo total del producto o servicio que se quiere contratar.
En este contexto, una de las políticas más efectivas aplicadas por los países desarrollados durante los últimos años consiste en la definición de criterios ambientales para productos y servicios en las adquisiciones del sector público. La definición de estándares ecológicos, y también sociales, pueden tener una aplicación directa en las compras públicas. Así, para analizar el costo real de las compras, se puede aplicar el enfoque de ciclo de vida. Este concepto propone no solo considerar el precio de compra, sino que también incluir en el análisis los impactos en la generación, operación, mantención y posteriormente en la etapa al término de su vida útil. Así, un producto que inicialmente es más barato, podría resultar más costoso debido a sus mayores costos sociales o ambientales en algún proceso de su ciclo de vida, y por el contrario, un producto inicialmente más caro, podría resultar más económico al considerar los costos del ciclo de vida.
Los senadores agregan que, debido al alto potencial que tienen las compras del estado para incidir en el ámbito económico, social y ambiental, se debe aprovechar la oportunidad para orientarlas hacia estándares de producción ambiental y socialmente responsable, para influir en el mercado nacional y generar competitividad en un nuevo ámbito de innovación tecnológica e investigación destinada a la sustentabilidad. En efecto, el estado de Chile gradualmente ha ido incorporando criterios ambientales mediante la recomendación a las entidades estatales de contratar con proveedores socialmente responsables que cuenten con sellos implementados por ChileCompra.
No obstante, aduce la iniciativa, la incorporación de estos criterios en las bases de licitación ha sido sólo facultativa para las entidades compradoras, predominando en la actualidad evaluaciones estándares de compras, sin atender a definiciones de carácter ecológico. Además, si bien se han fomentado buenas prácticas sustentables de empresas, no se han establecido en forma suficiente criterios ambientales y sociales aplicables a los productos y servicios que ofrecen, tal como es la experiencia de países desarrollados.
Por lo anterior, la moción tiene por objeto propiciar la incorporación de criterios ambientales en la evaluación de las compras que realice el estado, disminuyendo el impacto nuestro entorno generado en el ciclo de vida de productos o servicios adquiridos mediante la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales, optimización del nivel de eficiencia energética y uso de agua, reducción del volumen de desechos, fomento a la reutilización de materiales y el reciclaje, reducción la producción de sustancias tóxicas, entre otros. Así, tanto las empresas como el gobierno, aumentarán su eficiencia en términos económicos al adquirir productos más rentables, lo cual puede estar asociado a productos más duraderos, con menores costos de mantención y operación, con estándares altos de eficiencia energética, o que pueden ser reutilizados o reciclados fácilmente disminuyendo los costos de disposición final de residuos, permitiendo ahorrar recursos que se gastan en el saneamiento de la contaminación por no prevenirla en primera instancia. La inclusión del concepto de sustentabilidad en las decisiones de compra del estado requerirá la capacitación de las distintas entidades compradoras para que puedan relevar de manera correcta las compras públicas con criterios sustentables y de una labor continua del Ministerio del Medio Ambiente en la definición de protocolos y recomendaciones que guíen una evaluación correcta de los criterios ambientales que se determinen para la contratación de bienes y servicios por parte del estado, mediante metodologías de análisis a aplicar por las entidades contratantes para concluir el impacto total en la adquisición de productos o en la contratación de servicios, según variables económicas, sociales y ambientales.
En razón de lo expuesto, la moción modifica la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, intercalando los siguientes incisos segundo y tercero nuevos en su artículo 6, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser cuarto y quinto, respectivamente:
“En las licitaciones de contratos de suministro de bienes muebles y de servicios, se podrán incorporar criterios de carácter ambiental que serán considerados para decidir la adjudicación, atendida la naturaleza de los bienes y servicios, tales como la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales, la optimización del nivel de eficiencia energética y uso de agua, la reducción del volumen de desechos, la reutilización de materiales, el uso de materiales reciclados, la reducción la producción de sustancias tóxicas, entre otros”.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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