Amnistía relata la historia de Sheffra, la esposa del periodista zimbabuense Itai Dzamara, quien afirma que “es doloroso vivir sin saber dónde está la persona a la que amas. Todos los días pienso que va a regresar o que alguien me dirá que lo han encontrado. Cuando mis hijos me preguntan dónde está su padre me siento acongojada. No les puedo dar una respuesta”.
Su esposo fue visto por última vez en 2015. De acuerdo al organismo Itai no es más que una de las muchas personas que han sido víctimas de desaparición forzada sólo por hacer su trabajo.
Ayer, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), y cuando la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos cumple 20 años, Amnistía rindió un homenaje especial a las personas valientes que han sido sometidas a desaparición forzada por alzarse a favor de los derechos humanos y a quienes siguen luchando contra las desapariciones forzadas a pesar de las amenazas constantes, el hostigamiento y la falta de respuesta de las autoridades.

La desaparición forzada

Amnistía señala que la desaparición forzada es una de las más graves violaciones de derechos humanos. Tiene un impacto devastador en la víctima, en su familia y en sus amistades, y en la sociedad en general. Las familias y amistades de las víctimas de desaparición forzada sienten una enorme angustia décadas después de la última vez que supieron de sus seres queridos. La incertidumbre de no saber lo que ha pasado, de preguntarse si siguen vivos o quizá continúan sufriendo en algún lugar horrible y oculto, hace que la desaparición forzada sea una agonía permanente.
Hace tiempo, explica el organismo, es una táctica que utilizan los gobiernos represivos que quieren silenciar las voces disidentes y críticas. La desaparición forzada no sólo afecta a una persona: propaga el miedo como un reguero de pólvora debido a su secreto y a la impunidad, transmitiendo un mensaje amedrentador a muchas otras. Nadie puede sentirse a salvo porque nadie sabe lo que ha pasado ni quién será el próximo.
Para elaborar el reciente informe de Amnistía Ataques letales pero prevenibles, habló con familiares, amigos y amigas, y colegas de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados o víctimas de desaparición forzada sólo por el trabajo que hacen. Estos ataques tienen un efecto dominó que se expande hacia los seres queridos, otros defensores y defensoras, y comunidades enteras, impregnando de miedo y desesperación su vida cotidiana. Esta situación se agrava además cuando no hay rendición de cuentas, lo que transmite el mensaje de que las autoridades toleran estos abusos y aumenta el riesgo de que se cometan de nuevo. La desaparición forzada es una táctica atroz empleada para intimidar y frenar a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Y cuando se silencia a los defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿quién se alzará a favor de los derechos de todas las personas?
En el último año, asegura Amnistía, que ha visto pequeños avances. En Tailandia, las autoridades anunciaron por fin que abrirían una investigación especial sobre el caso de Pholachi Rakchongcharoen, conocido como “Billy”, activista de la etnia karen que fue víctima de desaparición forzada mientras estaba bajo custodia en 2014. Las autoridades tailandesas se comprometieron también a impulsar en 2018 un proyecto de ley, retrasado durante mucho tiempo, que penaliza la desaparición forzada. En Pakistán, Samar Abbas,activista sometido a desaparición forzada en enero de 2017, fue puesto en libertad finalmente en marzo de 2018. Sin embargo, nadie ha respondido ante la justicia por este delito, las desapariciones forzadas continúan y el espacio para las voces críticas se reduce.

Sin avances

En otros casos, señala Amnistía, no ha habido ningún avance. Desde 2013 no se sabe nada de los defensores y defensoras de los derechos humanos Razan Zaitouneh, Wael Hamadeh, Samira Khalil y Nazem Hammadi, conocidos como los Cuatro de Duma. Dong Samuel Luak, abogado de derechos humanos de Sudán del Sur, y Aggrey Idri, conocido detractor del Gobierno, fueron secuestrados en Nairobi en enero de 2017 y se los vio por última vez bajo custodia en Yuba. Hasta ahora, ni las autoridades kenianas ni las sursudanesas han reconocido la responsabilidad de su desaparición forzada y sus familias no han recibido ninguna información oficial sobre su suerte o su paradero.
Más de veinte años después de que finalizaran los conflictos armados de la ex Yugoslavia, sigue habiendo 12.000 personas en paradero desconocido en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Croacia, Serbia y Montenegro. Continúa sin conocerse la suerte de estas personas y sus familiares siguen reclamando con valentía verdad, justicia y reparación.
Ahmed Mansoor, defensor de los derechos humanos de Emiratos Árabes Unidos, está recluido desde 2017 en un lugar no confirmado, sin apenas contacto con el mundo exterior, su familia y su abogado. Fue condenado a 10 años de prisión en mayo de este año y sigue recluido en condiciones que constituyen desaparición forzada.
En otros casos, quienes buscan verdad, justicia y reparación para personas que han desaparecido se convierten a su vez en víctimas. En Sri Lanka, Sandhya Eknaligoda, activista contra las desapariciones forzadas y esposa del dibujante desaparecido Prageeth Eknaligoda, ha sido recientemente objeto de un aluvión de odio, insultos, intimidación, acoso y amenazas de muerte en las redes sociales. El año pasado, en Bangladesh, las fuerzas de seguridad atacaron a un grupo de estudiantes que protestaban pacíficamente por la ausencia de verdad y justicia para Kalpana Chakma, una defensora de los derechos humanos indígenas sometida a desaparición forzada en 1996.

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