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Medidas integrales.

Solicitan cambios en políticas públicas a beneficio de personas con discapacidad auditiva.

La solicitud llama a brindar una atención médica especializada Auge para hipoacusia, sin rango de edad.

15 de enero de 2019

La resolución 302, aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados, solicita al Presidente de la República que instruya a los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social, de Educación y de Trabajo y Previsión Social, para establecer cambios en las políticas públicas, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva.

La solicitud llama a brindar una atención médica especializada Auge para hipoacusia, sin rango de edad, debido a que hoy la ley solo permite que el acceso a la “salud auditiva” sea de 0 a 2 años de edad.

Al mismo tiempo, pide dotar a los hospitales públicos del país de los equipos tecnológicos adecuados, que permitan diagnosticar de manera precoz algún problema auditivo, garantizando, sin distinción socioeconómica y de rango de edad, exámenes preventivos obligatorios en los distintos ciclos educativos (jardines, escuelas y liceos).

Por otro lado, solicita realizar una campaña para informar a la población, a través de los distintos medios de difusión (televisivos, escritos, radiales y redes sociales), sobre las diferentes causas que pueden desencadenar un daño auditivo a futuro; y crear en Santiago un centro de acogida para pacientes que deban, por ejemplo, trasladarse desde regiones para la instalación de un implante coclear o tratamientos y exámenes específicos que no se realizan en sus lugares de origen.

Asimismo, se llama a capacitar a profesores en lengua de señas, para permitir una mejor comunicación con sus alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, apoyando de esta manera el sistema educacional inclusivo. Asimismo, modificar la malla curricular de las carreras de pedagogía, para que se considere, así como se hace en la carrera de terapia ocupacional, la lengua de señas como asignatura obligatoria.

Por último, el texto pide crear un plan a corto plazo que establezca la obligación de todos los servicios públicos del país, de contar con un o una intérprete de lengua de señas y, además, crear cursos gratuitos vía Sence para profesionales o persona natural que desee aprender lengua de señas y fomentar, a través del Ministerio del Trabajo, la contratación de personas con discapacidad auditiva, haciendo más efectiva su inclusión en el mundo laboral.

 

 

 

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