En el diario La Nación de Buenos Aires se publica una opinión sobre la decisión del gobierno nacional de retirar la candidatura del abogado y docente universitario Alfredo Vítolo como representante argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se sostiene que verdadero estupor ha provocado el retiro. La curiosa determinación oficial fue interpretada como un gesto ante los cuestionamientos por parte de algunos grupos partidarios de la legalización del aborto hacia Vítolo por su posición contraria a esa iniciativa, que expuso con claridad ante un plenario de comisiones del Senado de la Nación cuando, el año pasado, se debatió este tema.
A continuación, se recuerda que la nominación del doctor Vítolo para ocupar un cargo vacante en la CIDH había sido propuesta por el ministro de Justicia, Germán Garavano. Vítolo es un abogado recibido con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, donde dicta clases sobre Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y realizó una maestría en leyes en la Universidad de Harvard.
Luego, el texto dice que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires dio cuenta, en una declaración pública, de que Vítolo reúne inmejorables capacidades éticas, profesionales y académicas que acreditan, asimismo, una vasta trayectoria en el ejercicio de la abogacía. Señala que, precisamente desde esa destacada labor profesional en el ámbito del derecho constitucional, ha sostenido sin solución de continuidad las determinaciones del ordenamiento jurídico argentino por los tratados internacionales suscriptos por el país, así como la propia Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial de la Nación. Esa posición fue expresada por el frustrado candidato a la CIDH durante el debate público convocado por el Congreso en relación con el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En aquella ocasión, Vítolo recomendó al Senado el rechazo del proyecto propiciatorio del aborto "seguro, legal y gratuito" y se pronunció en favor de la necesidad de "trabajar juntos en un proyecto promujer y provida".
Enseguida se afirma que resulta incomprensible que el mismo gobierno que, en función de sus sobrados antecedentes académicos y profesionales y de su experiencia en la administración pública, impulsó su candidatura para un cargo en el organismo encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano, haya cedido ante presiones políticas fundadas en que el postulante defiende el derecho a la vida de la persona por nacer. Es una contradicción mayúscula y una discriminación atroz que se impugne a un destacado académico como comisionado argentino ante un organismo internacional de derechos humanos, justamente por tutelar una posición en defensa de la vida.
Así, se añade que aceptar la lógica de quienes se opusieron a esta nominación induce a pensar que si una persona expresa su desacuerdo con la despenalización del aborto debe estar condenada a convertirse en un paria.
Por último, se asegura que este tipo de actitudes van más allá de la manifestación de disidencias. Dan cuenta, en cambio, de un acto discriminatorio, sustentado en una visión sectaria y propensa a la insólita pretensión de apropiarse de los derechos humanos.

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