CS revocó sentencia y acogió protección contra Director Regional de Aduana de la Región de Aysén por prohibir que un vehículo inscrito a nombre de la recurrente pueda ser destinado de manera definitiva al resto del país.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Coyhaique y acogió la acción de protección deducida en contra del Director Regional de Aduana de la Región de Aysén, por haber emitido un Oficio referido a un vehículo inscrito a nombre de la recurrente, donde señala que dicho bien sólo puede ser destinado de manera definitiva al resto del país de acuerdo al artículo 35 de la Ley N° 13.039, esto es, por el funcionario público que lo importó y dentro de cierto plazo y condiciones.

El recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.

En su sentencia, el máximo tribunal indicó que tras haber transcurrido casi cuatro décadas desde que el vehículo de la actora fue internado a Chile, la autoridad recurrida ha establecido como condición para que el mismo pueda ser importado al resto del país de manera definitiva, el cumplimiento de las exigencias del artículo 35 de la Ley N° 19.039. Para hacer aplicable esta norma, el director regional se asiló en el cuerpo legal en el que se amparó la internación, a saber, el Decreto Ley N° 1.980 de 1977, cuyo artículo 2º, luego de establecer que la importación se rige por el referido artículo 35, expresamente dispuso: “Este artículo –el artículo 2º- tendrá una vigencia de dos años contados desde el 1º de enero de 1978”; dando de esta manera una ultra actividad a esta última disposición, más allá de la vigencia natural prevista en ella misma.