Por Sofía Bustos*
Tras el corte masivo de agua ocurrido en la ciudad de Osorno entre los días 11 al 21 de julio, donde más de 160.000 personas se quedaron sin agua potable por una falla humana, y que llevó a la renuncia del Gerente General de la concesionaria sanitaria ESSAL S. A., se comenzó a cuestionar la normativa existente para las concesiones sanitarias en nuestro país. Ante ello, se presentaron tres proyectos de ley refundidos en dos, el primero Boletín 12824-09 que “modifica el DFL N°382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, Ley General de Servicios Sanitarios, y la ley N° 18.902, que Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para imponer nuevas obligaciones a las concesionarias, establecer una nueva causal de caducidad de las concesiones y elevar el monto de las multas aplicables en caso de infracción”, presentado el 24 de julio de 2019 y el Boletín 12883-09 que busca modificar la “Ley General de Servicios Sanitarios, para exigir a las empresas prestadoras informar periódicamente a la Cámara de Diputados, el detalle de los planes de desarrollo e inversión, debidamente autorizados por la Superintendencia del ramo, relativos a la continuidad y calidad de los servicios” refundido con “Proyecto de ley que iguala las sanciones por interrupción injustificada de los servicios eléctrico y sanitario”, presentados el 06 y el 07 de agosto.
Actualmente la legislación establece el sistema de concesiones sanitarias, en donde privados se adjudican estos contratos con el Estado par ejecutar las cuatro fases de explotación de los servicios públicos sanitarios, como son la producción y distribución de agua potable, y recolección y disposición de aguas servidas, como señala el artículo 5 de la Ley General de Servicios Sanitarios. Las concesionarias se encuentran en la obligación de entregar agua a quién lo requiera, se encuentran bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y tienen como derechos el uso de bienes públicos de forma gratuita, cobrar por el servicio que prestan, además de mantener la concesión de manera indefinida. La Superintendencia se encuentra supervigilando a 21 concesionarias de servicios sanitarios, responsables del servicio de agua potable a sectores urbanos que corresponden al 87,8% de los habitantes del país.
El artículo 26 de la referida ley señala tres causales de caducidad de la concesión que se encuentre en explotación la primera dice relación con que las condiciones del servicio suministrado no corresponde a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, referidas principalmente a la cantidad de los recursos hídricos utilizados, más que a la calidad o seguridad de las instalaciones, o a las condiciones estipuladas en el decreto de concesión; la segunda sobre el incumplimiento del “Programa de Desarrollo” y la tercera sobre los requisitos para la transferencia del dominio de la concesión. El corte de agua en Osorno fue de tal magnitud que se comenzaron a buscar alternativas para caducar la concesión actual, encontrándose con la problemática de las causales no permiten caducar de manera rápida la concesión por una falta de servicio tan grave y evidente.
Por ello, el Boletín 12824-09 pretende modificar la LGSS a fin de “ampliar las causales de caducidad de las concesiones de servicios sanitarios, aumentar las multas aplicables, y las obligaciones de las concesionarias.”. Así, busca ampliar a seis las causales de caducidad, agregando como cuarta causal la “contaminación de las aguas con componentes susceptibles de afectar la vida y salud de las personas, producida como consecuencia de negligencia de la concesionaria”; luego “Por incumplimiento reiterado del plan de emergencia” y, por último, “Por la reiterada entrega de información falsa o manifiestamente errónea en casos de emergencia”. Además, pretende duplicar los montos de multas por sanciones e incorporar nuevas obligaciones a las consesionarias referidos solo a emergencias. Los otros proyectos de ley que buscan modificar la “Ley General de Servicios Sanitarios, para exigir a las empresas prestadoras informar periódicamente a la Cámara de Diputados, el detalle de los planes de desarrollo e inversión, debidamente autorizados por la Superintendencia del ramo, relativos a la continuidad y calidad de los servicios” y el “Proyecto de ley que iguala las sanciones por interrupción injustificada de los servicios eléctrico y sanitario”, son autoexplicativos en tu título.
Los proyectos de ley son un avance en la regulación de las concesiones sanitarias, pero no es suficiente si los privados no concientizan la importancia del servicio que entregan: el agua es un servicio básico y esencial para el funcionamiento de una ciudad y para el diario vivir de las personas. Se paraliza absolutamente todo sin agua, por lo que no puede depender de que la concesionaria no invierta lo suficiente para la automatización y digitalización de procesos, se produzca un hecho tan grave como dejar 10 días sin agua a una ciudad completa. Se requiere urgentemente aumentar los requisitos de las concesiones para aumentar la inversión humana como tecnológica, crear tecnología para su mejor consumo, aumentar las obligaciones e implentar buenas prácticas para el cuidado del agua a nivel de concesionaria. El aumento de multas no alcanza a ser un desincentivo para las concesionarias si son solo un monto específico, por lo que aumentar las multas a un porcetaje de las ganancias reales de las empresas para que si funcionen como real sanción, generando una responsabilidad de fondo y proactiva, no solo reactiva.
Además, se requiere mayor conciencia de parte del Estado, del sector privado y de la ciudadanía con la crisis hídrica actualmente presente en el país. No solo se requiere el agua para el día a día de las personas, si no que también para la agricultura, la ganadería y el mantenimiento de la flora y fauna silvestre presente en nuestro territorio. Actualmente el Gobierno ha declarado emergencia agrícola por escasez hídrica en 4 regiones, para lo que ha creado mesas regionales interministeriales para tratar el tema, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha lanzado una campaña de consumo responsable de agua potable.
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* Investigadora del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor.