Corte de Apelaciones de Santiago rechaza demanda por fallecimiento de vecina de planta de cemento.

En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda deducida en contra de la empresa Sociedad Industrial Pizarreño S.A. por la familia de vecina a planta cementera de Maipú, quien falleció el 19 de mayo de 2016, como consecuencia de un cáncer de pulmón, que le habría provocado la exposición al asbesto.

La sentencia sostiene que en el escenario propuesto, aparece entonces evidente que en el caso de marras, ya sea que el plazo de cuatro años se contabilice desde la última época en que la cónyuge y madre de los actores se domicilió en la Villa Pizarreño -1974-; a contar de la fecha de la postrera exposición a las ropas de su progenitor, quien trabajaba para la demandada -1977-; o bien, desde el año en que se dejó de utilizar el asbesto por Pizarreño S.A. -1998-, resulta indiscutible que a la época de notificación de la demanda a la demandada -9 de mayo de 2017-, alcanzó a transcurrir sobradamente el cuadrienio en análisis, reflexión que impone necesariamente concluir que debe acogerse la prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual y que, consecuentemente, la demanda debe necesariamente, entonces, ser desestimada.

La resolución agrega que únicamente a modo de colofón, se dirá, por último, que debiendo ajustarse el órgano jurisdiccional a las normas de exégesis legal reunidas en el Código Civil, debe considerarse, asimismo, que a la luz del artículo 23 de dicho estatuto ‘lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación‘; que ‘la extensión que debe darse a toda ley, se determinará por su genuino sentido‘, esclarecido conforme las reglas que precedentemente se explicitan en el aludido cuerpo legal; y que las razones de equidad pueden válidamente sustentar una decisión judicial en nuestro sistema procesal civil, únicamente en defecto de leyes que regulen la materia, como ciertamente ocurre en el caso de la prescripción de las acciones indemnizatorias que emanan de la responsabilidad extracontractual, en que el momento de inicio del cómputo del plazo fue establecido expresamente por el legislador -indudablemente priorizando la seguridad y la certeza jurídica por sobre otros valores-, careciendo el juez, por tanto, a riesgo de incurrir en una discrecionalidad inaceptable, de la facultad de extender dicha situación a una época, en su concepto, más justa o equitativa.